El juez del 'caso Lezo' acuerda excarcelar a Ignacio González si paga 400.000 euros

González, durante el registro de su despacho en abril. :: j. r. ladra/
González, durante el registro de su despacho en abril. :: j. r. ladra

Alega que se ha reducido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva del expresidente de la Comunidad de Madrid, preso desde abril

MATEO BALÍN

madrid. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González recibió ayer una buena noticia, la mejor desde que entró en prisión el 21 de abril pasado en el marco de la 'operación Lezo', el presunto saqueo de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó revocar la prisión provisional sin fianza por la de libertad bajo fianza de 400.000 euros. Una cantidad que el investigado por delitos de corrupción deberá abonar en metálico para volver a casa.

En caso de que deposite los fondos pese a tener las cuentas familiares bloqueadas -su mujer y una hija también están investigadas-, le espera al salir del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) el cumplimiento de unas medidas cautelares menos duras: comparecencias semanales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

El juez García Castellón, que ya tomó la decisión de excarcelar al ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados en 'Púnica', considera que se han disminuido el riesgo de reiteración delictiva debido a la actuación judicial y a la colaboración de Colombia y Panamá en el 'caso Lezo' y el riesgo de fuga por el avance de la instrucción judicial.

La decisión secunda la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado de forma previa la libertad bajo fianza de 400.000 euros para González, de 57 años. En su escrito, los fiscales argumentaron que, una vez analizados los hechos presuntamente delictivos y los indicios objetivos de criminalidad que los soportan, concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva del que fuera mano derecha de la popular Esperanza Aguirre, a los efectos necesariamente provisionales que marcan esta fase procesal.

Más de 20 años de prisión

Los fiscales consideran «que la amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es, a priori, superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga de González, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer». Del mismo modo, añaden, la instrucción ha puesto de relieve que el investigado podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales.

A pesar de ello, concluyen que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá. En cuanto al riesgo de fuga, el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo.

Hasta el momento, el expresidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 había pedido tres veces su salida de prisión, pero primero el juez instructor y luego la sala en apelación rechazaron su solicitud. A la cuarta ha sido la vencida y ahora está a 400.000 euros en metálico de ser libre.

En su auto, el juez García Castellón detalla los hechos delictivos que se le imputan: operación de compra en 2001 de Inassa, filial sudamericana del Canal de Isabel II, que generó «un grave perjuicio de fondos públicos»; la adquisición de la mercantil brasileña Emissao en 2013; las prácticas corruptas en licitaciones públicas en Panamá y Colombia; y las obras del campo de golf del Canal de Isabel II, en el centro de Madrid, donde varios investigados se pudieron llevar cerca de 580.000 euros en 'mordidas' y el importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos de la Comunidad invertidos en la obra ascendió a 1,2 millones de euros.

Solo los hechos de este capítulo se enmarcan en delitos de prevaricación, malversación, falsesad documental y blanqueo de capitales y aparece también como investigado, entre otros altos cargos y empresarios, Pablo González, hermano del expresidente madrileño.

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