El juez investiga los vínculos del CNI con el informático de la 'trama Púnica'

El empresario Alejandro de Pedro, imputado en el 'caso Púnica'. :: javier lizón / Efe/
El empresario Alejandro de Pedro, imputado en el 'caso Púnica'. :: javier lizón / Efe

La Audiencia Nacional reclama a los servicios de inteligencia información sobre los trabajos que De Pedro habría hecho para ellos

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

¿Pago el CNI servicios de reputación 'on line' a Alejandro de Pedro, el informático imputado en la 'trama Púnica', por hacer esos mismos trabajos para dirigentes del PP pagados con fondos públicos? El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no solo no rechaza esta hipótesis, sino que, tras muchas peticiones del propio De Pedro, ha accedido a reclamar a los servicios secretos información sobre esos supuestos trabajos que habría sido pagado por el centro de inteligencia.

Las sospechas del juez sobre que quizás De Pedro diga la verdad y que parte de los 82.250 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en su casa de Valencia en octubre de 2014 provengan del CNI se vieron reforzadas el pasado lunes. Ese día, el principal imputado de la red Púnica, Francisco Granados, confesó ante García Castellón que, efectivamente, recibió a De Pedro en su despacho para que éste le vendiera sus servicios de reputación 'on line'. Granados explicó que antes de derivarlo a otros responsables de la Comunidad de Madrid por su «desconocimiento de las nuevas tecnologías», el informático le reveló que ya estaba realizando este trabajo para el CNI y la Casa Real, además de otras administraciones gobernadas por el PP en Valencia y ayuntamientos madrileños.

Tras esta confesión, García-Castellón ha decidido pedir al CNI que confirme si De Pedro visitó la sede de los servicios secretos en Madrid en 2013 y 2014; que explique qué tipo de trabajos habría realizado De Pedro y su empresa, Eico Online Comunicación SL, para el centro de inteligencia bajo su «supervisión»; y que la institución informe de las «cantidades económicas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó al presunto integrante de la trama y a su mercantil».

Granados declaró que el técnico se jactaba de haber trabajado con los servicios secretos y la Casa Real

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La defensa del informático de la 'trama Púnica' llevaba varios meses reclamando sin éxito a la Audiencia Nacional que abriera esta línea de investigación para intentar probar no solo que el dinero que le fue incautado procedía del CNI, sino que su trabajo para mejorar la reputación de personas e instituciones en internet era legal y valorado por algunas de las más altas instituciones del Estado.

De Pedro, que sostiene que para el CNI hizo trabajos en defensa de la imagen de España y contra la narrativa de independentistas catalanes o de yihadistas, había ya pedido que el juez incorporara a la causa 25 mensajes telefónicos y 12 llamadas que, sostiene, intercambió con responsables del Centro Nacional de Inteligencia. Aquellas comunicaciones, señala De Pedro, tuvieron lugar entre 1 de julio y el 8 de octubre de 2014 (época en que su teléfono estuvo pinchado por su vinculación con la trama que supuestamente dirigía Francisco Granados). A pesar de la insistencia (y autorización) del informático para que estos mensajes y llamadas sean desclasificados, la Audiencia Nacional, por el momento, no ha contestado al requerimiento del encausado.

El CNI recibió a mediados de la pasada semana el requerimiento de información de la Audiencia Nacional, según han informado responsables del centro. Los servicios secretos han remitido a sus abogados el escrito para saber hasta qué punto tienen obligación de contestar sobre una información tan sensible y qué parte de la misma se puede acoger a la Ley de Secretos Oficiales.

El propio De Pedro, en sus escritos reconoce que los trabajos que hizo para el CNI se rigen «por unos cánones limitados o inexistentes de transparencia», pero justifica la necesidad de involucrar en este asunto a los servicios de inteligencia porque el dinero hallado en su domicilio se ha convertido en una prueba incriminatoria contra él.

Diferentes responsables de los servicios secretos han reconocido en los últimos días que Alejandro de Pedro no era un «desconocido» para el CNI, pero se negaron a facilitar datos sobre su relación profesional con ellos.

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