El juez exime al embajador del fallo de seguridad en el atentado de Kabul

Estado de un acceso a la embajada en Kabul tras el ataque del 11 de diciembre de 2015. :: jawad jalali / efe
Estado de un acceso a la embajada en Kabul tras el ataque del 11 de diciembre de 2015. :: jawad jalali / efe

Pedraz concluye que Pérez de Ágreda y su subordinado no son responsables por imprudencia del ataque que mató a dos policías

MATEO BALÍN

madrid. Las presuntas responsabilidades penales por los fallos de seguridad en el atentado que mató a dos policías españoles en Kabul (Afganistán) en diciembre de 2015 se han disipado. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó ayer el sobreseimiento libre de la causa abierta contra el embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Ágreda y Sáez, y su número dos, Oriol Solá, por delitos de homicidio imprudente tras el ataque de un grupo talibán a la sede de la legación diplomática, en el que fueron asesinados los agentes Isidro Gabino San Martín y Jorge García Tudela y otras siete personas resultaron heridas.

La tesis del juez, expuesta en un auto de apenas folio y medio, es que los querellados no son quienes deberían haber velado por la seguridad de la embajada, sino que debería haber sido el Estado. De ahí que decrete el archivo del procedimiento contra ambos diplomáticos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno, cuyo tribunal es competente para investigar los delitos cometidos contra españoles en el extranjero, más si se trata de un atentado terrorista, alegó que «la embajada se encontraba fuera del espacio de seguridad de la capital afgana, la llamada 'zona verde', lo que suponía que la sede fuera un objetivo especialmente vulnerable frente a posibles atentados». Y añadió que «el Estado español debió mucho antes adecuar las correspondientes medidas de seguridad».

«Ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera, de forma que el desgraciado siniestro no habría podido ser evitado mediante una hipotética omisión», zanjó el juez. Asimismo, aseguró que tampoco se habría evitado pese «al aviso o alerta de los servicios de información franceses, dado el contenido del mismo (...) y el momento en que se produce y que no permitiría a los citados diplomáticos actuar en medida alguna para evitar el resultado».

De esta manera, Pedraz considera que no se les puede atribuir a los investigados un delito de homicidio imprudente por una «posible omisión del Estado», ya que no son «expertos en seguridad» ni tenían los conocimientos necesarios.

La querella fue admitida en noviembre de 2016 por dos delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa. Los fallecidos fueron el agente de las UIP Isidro Gabino San Martín y el subinspector Jorge García Tudela. La acusación particular aseguró en su querella que las deficiencias se comunicaron también a Exteriores y que la mañana del atentado, el 11 de diciembre de 2015, se alertó, por los citados servicios secretos franceses, del riesgo de ataque. «Esto debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas» que hubieran evitado la explosión de un coche bomba, aseguraron.

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