El juez desbarata la treta de Puigdemont para que el Supremo no pueda juzgarle por rebelión

Carles Puigdemont, el 25 de noviembre, en su primer encuentro ante la prensa en Bruselas. :: efe/
Carles Puigdemont, el 25 de noviembre, en su primer encuentro ante la prensa en Bruselas. :: efe

Llarena retira las órdenes de detención europeas e internacionales para evitar que Bélgica suprima delitos en el proceso de entrega

MATEO BALÍN MADRID.

Se desconoce si al juez Pablo Llarena le gusta el ajedrez, pero el movimiento de ayer, plasmado en un auto, sorprendió a propios y extraños por sus consecuencias inmediatas y el nuevo horizonte procesal que se abre para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos a Bélgica, que están imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por su responsabilidad en la «reiterada ilegalidad» del proceso secesionista de Cataluña.

Solo 24 horas después de confirmar en otro auto la prisión incondicional del exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn y los líderes de las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural, Llarena acordó retirar la orden europea de detención y entrega (euroorden) que tramitaban los tribunales belgas contra los cinco investigados que eludieron el 2 de noviembre la acción de la Justicia española. Asimismo, hizo lo propio con la orden internacional de arresto, acordada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando instruía la causa.

La consecuencia inmediata de esta jugada estratégica del magistrado de la Sala Segunda (Penal) es que Puigdemont y sus compañeros de fuga en Bruselas podrán moverse con total libertad por cualquier país del mundo tras archivarse el proceso de entrega. Si quisieran podrían coger un avión a Rusia o Venezuela sin preocupación de que salte la alarma de Interpol. Pero esta resolución, claro está, no afecta a la orden nacional de detención, que sigue vigente en el caso de que decidan volver a pisar suelo español durante la campaña (hoy mismo sus abogados manifestaron que no lo harían).

La suspensión de la euroorden no afecta a la orden nacional de arresto si Puigdemont pisa España

La primera impresión de semejante decisión podría ser que los investigados, a diferencia de sus compañeros presos o en libertad provisional, se han salido con la suya y han sacado los colores a la Justicia española. En una estrategia de defensa perfectamente planeada para huir a Bélgica tras el auto de citación de los investigados en la Audiencia Nacional. ¿Por qué ese país? Porque los abogados sabían que la tramitación de una euroorden, como ocurrió, podría salir ventajoso para sus intereses ya que el Código Penal belga no reconoce graves delitos por los que sí están acusados en España como la rebelión o la sedición. En suma, porque una futura entrega podría conllevar que Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí solo podrían ser juzgados en el Tribunal Supremo por delitos de malversación o prevaricación, que sí están tipificados en la legislación belga, si el tribunal finalmente lo decidía así.

Disparidad delictiva

Llarena, en el Supremo, valoró la alta probabilidad de que esto ocurriera -las defensas ya lo alegaron en las vistas celebradas en Bruselas- y las consecuencias que ello supondría con el resto de imputados por rebelión o sedición. Unos enfrentándose a delitos con penas de prisión de hasta 20 años (Oriol Junqueras) y los otros a seis en el peor de los casos. Una disparidad inasumible para el devenir de la causa no ya en el alto tribunal, si no en factibles recursos en otras instancias.

Los abogados de los cinco huidos ya se frotaban las manos con la marcha de los acontecimientos y su control hasta ahora de la iniciativa judicial. Pero Llarena contraatacó cuando menos se lo esperaban para desbaratar esta estrategia. Retiró la euroorden y la orden internacional. No de forma definitiva, sino provisional, con lo cual podrá reactivarla cuando y cómo le interese sin tener que estar a expensas de lo que marquen los asesores de Puigdemont. Uno abogados que se han aprovechado con acierto, hasta ahora, de las lagunas de la legislación europea y de las euroordenes.

Así, si Puigdemont y los exconsejeros regresan a España serían detenidos. Pero si se quedan en Bélgica no podrían regresar hasta que los delitos prescriban dentro de veinte años.

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