Los jueces marcan el ritmo de la campaña

Carles Puigdemont, durante la marcha a favor de la secesión que tuvo lugar en Bruselas el pasado 6 de diciembre. :: D. Waem / afp
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Carles Puigdemont, durante la marcha a favor de la secesión que tuvo lugar en Bruselas el pasado 6 de diciembre. :: D. Waem / afp

Una corte de Bruselas archiva la causa contra Puigdemont y echa más leña al debate judicial a una semana de las elecciones

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Si la campaña catalana es atípica en buena medida es responsabilidad de los jueces. En estos diez días, Pablo Llarena decidió mantener en prisión a Oriol Junqueras y dejó libres a seis exconsejeros; un magistrado de Bruselas celebró la primera vista sobre la euroorden contra Carles Puigdemont; 24 horas después, el Supremo retiró la orden de busca y captura europea contra el expresident; el Tribunal de Cuentas embargó la vivienda a Artur Mas; Llarena amplió la investigación de la causa por rebelión y sedición a toda la cúpula independentista; otro juez ordenó el traslado desde Lleida al pueblo oscense de Sijena de unas obras de arte; Miquel Iceta puso la mesa el indulto a los líderes secesionistas; y como colofón, la justicia belga dio ayer carpetazo a la extradición del expresident y cuatro exconsejeros. Nunca una campaña electoral había estado tan mediatizada por las togas.

Había una ley no escrita de que en campaña electoral los jueces aplazaban las decisiones que pudieran influir en las votaciones. Una máxima que, como muchas otras cosas, ha saltado por los aires en los prolegómenos del 21 de diciembre. Casi no ha habido día en que los tribunales no hayan tomado alguna decisión de fuerte impacto político y que han marcado la agenda electoral. La última ayer mismo con el archivo ordenado por un juez de la Cámara del Consejo de Bruselas de la causa por la euroorden de busca y captura contra Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros huidos a Bélgica, una medida que permite la libre circulación del expresidente de la Generalitat por todos los países europeos, salvo España, donde se mantiene la orden de arresto.

Cada decisión de los tribunales ha sido munición para una campaña en la que las cuestiones programáticas ocupan un tercer escalón y el debate se ha centrado en la dialéctica identitario-judicial. Como todas las resoluciones han sido contrarias a sus intereses, los independentistas han cargado con ellas sus mochilas de victimismo y han nutrido el argumentario sobre el golpe de estado con ribetes franquistas que, en su imaginario, ha perpetrado «Madrid» contra la Generalitat de Cataluña.

Hasta se han dado dos circunstancias judiciales atípicas, un órgano fiscalizador de comportamiento discreto en épocas electorales, como el Tribunal de Cuentas, irrumpió en primer plano en mitad de la campaña con el embargo de los bienes inmuebles por valor de 2,3 millones de euros de Mas y tres exconsejeros por organizar el referéndum del 9-N. Hasta el traslado de unas obras de arte del Museo de Lleida al municipio oscense de Sijena ordenado por un juez de primera instancia se convirtió en un agravio para el soberanismo. Cualquier decisión judicial que afecte a Cataluña se ha envenenado a al sombra de la campaña.

Los constitucionalistas han hecho equilibrios para defender unas resoluciones judiciales que han jugado en contra de sus intereses electorales y a favor de los del mundo secesionista. Ni Ciudadanos ni PSC ni PP están cómodos en una campaña en la que sus principales adversario soberanistas están en prisión o fugados y con órdenes de captura. Una circunstancia que abona la idea de que no es una campaña en igualdad de condiciones, argumento que blanden los independentistas sin desmayo porque es de difícil contestación. El razonamiento de que las decisiones de los jueces no reparan en los tiempos políticos no cala ante lo indiscutible de los hechos.

El número uno de Esquerra, Oriol Junqueras, está en la cárcel de Estremera, donde también está recluido el número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez. Puigdemont está fugado en Bélgica para no declarar ante el juez al igual que sus exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que a su vez van en puestos importantes en las listas de Esquerra y Junts per Catalunya. Otros candidatos en libertad, como Carme Forcadell, Carles Mundó, Josep Rull, Jordi Turull o Raül Romeva, salieron de prisión tras el pago de fianzas. Incluso la secretaria general de Esquerra y virtual candidata a la Presidencia de la Generalitat, Marta Rovira, está pendiente de ser citada por el Supremo por su participación en el comité estratégico del referéndum del 1-O.

Nunca ha habido una carrera electoral con tantos aspirantes en dificultades con la justicia. Una situación que ha viciado el debate electoral hasta reducirlo a un duelo sobre la justicia o injusticia de las acusaciones, imputaciones y encarcelamientos.

El independentismo pretende que la votación del 21 de diciembre sea una segunda vuelta del referéndum ilegal del 1 de octubre, pero también busca un juicio de la población catalana sobre la situación procesal de sus líderes huidos y encarcelados. Ya lo dijo Puigdemont, una victoria clara de los secesionistas -Esquerra la sitúa en el 50% de los votos- exoneraría de responsabilidades judiciales a los acusados.

Un análisis que obvia la separación de poderes que caracteriza a un Estado de Derecho, pero que será el siguiente caballo de batalla si la victoria sonríe a los independentistas el próximo jueves.

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