El intento fallido de frenar el referéndum ilegal costó 87 millones

Zoido muestra una foto para denunciar la utilización de niños por el independentismo. ::  JAVIER LIZÓN / efe/
Zoido muestra una foto para denunciar la utilización de niños por el independentismo. :: JAVIER LIZÓN / efe

El alquiler y mantenimiento de los tres barcos que se improvisaron para alojar a los agentes supuso un desembolso de 26, 5 millones

ANDER AZPIROZ

madrid. La 'operación Copérnico', el intento fallido del Gobierno de frenar el referéndum ilegal del 1 de octubre, costó a las arcas públicas 87 millones de euros. Este dinero se destino al desplazamiento y alojamiento durante los días anteriores y posteriores a la votación de los hasta 6.000 policías nacionales y guardias civiles con los que se reforzó el contingente de las Fuerzas de Seguridad del Estado destacado en Cataluña. De esos 87 millones, 43,3 se destinaron a las dietas de los agentes. Otros 26,5 millones se utilizaron para alquilar y mantener los tres barcos que se improvisaron como alojamiento, uno de los cuales fue objeto de protesta de los funcionarios policiales por las malas condiciones que presentaba. Pese a lo elevado de las cifras -que es la suma de lo gastado durante los 100 días en los que se prolongó la 'operación Copérnico'-, el ministro del Interior justificó el desembolso por la «arrogancia e irresponsabilidad» de Carles Puigdemont y de su Gobierno.

El dato lo reveló Juan Ignacio Zoido ante la Comisión de Interior del Senado, una comparecencia que llegó tres meses después de las cargas policiales frente a los colegios electorales en los que los independentistas colocaron las urnas. El titular del Interior gastó la mayor parte de su intervención en defender la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante los momentos más críticos de la crisis secesionista. Según recordó el ministro, las Fuerzas de Seguridad del Estado actuaron en base a las instrucciones de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional. Unas órdenes, remarcó, que también afectaban a los Mossos d'Esquadra. Zoido aludió en varias ocasiones a la policía autonómica y sus responsables el 1-O. Primero, para recordar que los Mossos tenían como misión velar por el precinto de los colegios donde estaba prevista la votación. Según dijo el titular del Interior, en todas las reuniones de las cúpulas policiales previas al 1-O, los Mossos, entonces con Josep Lluís Trapero al frente, aseguraron tener preparado un amplio dispositivo para cumplir con su cometido.

Pero, a las 9:00 horas del 1 de octubre, Interior comprobó que la eficacia de la policía autonómica era «limitada», lo que obligó a activar los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. «En la mayoría de los locales de votación en los que se vieron obligadas a intervenir las Fuerzas de Seguridad del Estado había presencia de una patrulla de los Mossos, pero con carácter general, su actitud fue de absoluta pasividad y nula colaboración» criticó el ministro.

Las cargas policiales

Sobre las cargas que vendrían después, Zoido aseguró que «las Fuerzas de Seguridad del Estado hicieron un uso proporcional de la fuerza y evitaron un uso excesivo». Y ello, a pesar de que «entre las personas pacíficas que iban con buena fe a votar se infiltraron algunos radicales que estaban perfectamente coordinados y organizados». «En ningún momento la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes», prosiguió el ministro, que informó además de que muchas de las operaciones policiales fueron abortadas para no actuar contra la población o para evitar un excesivo uso de la fuerza. Según zanjó Zoido, «la actuación fue legítima, profesional y proporcionada».

Respecto a los heridos, más de 1.000 según las cifras que esgrime el independentismo, Zoido denunció manipulaciones y difusión de datos falsos que llegaron, incluso, a ser publicados en medios internacionales. El ministro afirmó lamentar más que nadie que se produjesen heridos de las cargas pero, en cualquier caso, volvió a endosar la responsabilidad a quienes organizaron un referéndum prohibido.

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