Un instructor curtido en Cataluña

Expresidente de la conservadora APM, investigará la querella a Forcadell y los cinco miembros de la Mesa

M. BALÍN MADRID.

Pablo Llarena creció entre conversaciones sobre leyes y libros de Derecho. Sus padres eran abogados y su madre, además, fue la primera mujer incorporada al Colegio de Burgos, su ciudad natal, donde nació hace 54 años. Las comidas familiares se centraban en la «problemática humana y la lógica jurídica» y para él «siempre» le resultó atractiva esta realidad profesional de sus padres. Siempre quiso estudiar Derecho. La elección no era para seguir los pasos de sus mentores, sino para llevar a la práctica los conocimientos jurídicos, estudiar el temario de judicatura, donde fue número uno de su promoción, y ejercer como juez.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera judicial en 1989 y al año siguiente ascendió a la categoría de magistrado por oposiciones restringidas. Fue titular de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Torrelavega (Cantabria) y en Burgos, y juez de instrucción en Barcelona entre 1992 y 1998, fecha en la que se incorporó a la Audiencia Provincial. En 2011, fue elegido presidente de este órgano judicial, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Supremo en enero de 2016.

De sus 28 años en la judicatura 19 los ha pasado en Barcelona. De ahí que una cuestión política paralela, como es el desafío independentista, no le coja intelectualmente desprevenido para instruir ahora la querella contra Carme Forcadell y los cinco miembros de la Mesa del Parlament.

En 2000 fue nombrado profesor de Derecho Penal de la Escuela Judicial y entre 2003 y 2005 fue jefe de Formación Inicial del Consejo General del Poder Judicial. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial le eligió por amplia mayoría -obtuvo 16 de los 21 votos- para ocupar una plaza de magistrado en la Sala Segunda del Supremo, vacante por la jubilación de Joaquín Giménez.

Autor de numerosos artículos jurídicos ha participado en obras colectivas como 'El derecho a la tutela judicial efectiva', 'La protección jurisdiccional de los derechos', 'Autonomía y Justicia en Cataluña' y 'La reforma del proceso penal'. Hace poco más de un año, como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, el colectivo mayoritario de la Carrera y considerado conservador, defendía la reforma que acortaba los plazos de la instrucción penal para agilizar los procedimientos.

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