Los independentistas desoyen los avisos de los tribunales y abren la campaña del 1-O

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ayer, minutos antes de comenzar el mitin celebrado en Tarragona. :: Albert Gea / REUTERS/
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ayer, minutos antes de comenzar el mitin celebrado en Tarragona. :: Albert Gea / REUTERS

Puigdemont y Junqueras participan en un mitin ilegal en Tarragona a pesar de las advertencias y de la orden de suspensión del Constitucional

CRISTIAN REINO TARRAGONA.

Ni los avisos del Gobierno, ni las querellas de la Fiscalía, ni la advertencia del Constitucional de que debe paralizar todos los preparativos. El independentismo se ha instalado en la desobediencia y ayer escenificó en Tarragona que va a por todas y que se prepara para el «combate» final contra las instituciones españolas, en un escenario que calificó de «Estado de excepción» y de «golpe de Estado del miedo», según el presidente de Ómnium Cultural, por parte de las fuerzas políticas españolas y los poderes estatales.

El soberanismo está determinado a llegar hasta el final en el desafío político que le ha lanzado al resto de España y ayer compareció como una piña y se conjuró unido a no doblegarse a los tribunales españoles con tal de conseguir el objetivo de que el próximo 1 de octubre haya urnas en los más de 900 municipios catalanes y se abran de par en par las puertas de la república catalana. El PDeCAT, ERC, la CUP, la ANC, Omnium y la AMI, el soberanismo político y el civil, dieron ayer el pistoletazo de salida a la campaña electoral del referéndum del 1-O, con un mitin, protagonizado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que se celebró bajo la amenaza del Gobierno, que horas antes del inicio avisó al responsable de la plaza de toros de Tarragona -la diputación- que celebrar el acto podría ser constitutivo de un delito. Aunque los organizadores no descartaban que se presentara la Guardia Civil para impedir su celebración, al final no hubo incidentes. «Este es el mitin legal más importante de la historia de este país», afirmó el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, en un tono desafiante. Según los organizadores, unas 8.000 personas abarrotaron el Tarraco Arena y unas 3.000 se quedaron fuera.

En su discurso, el presidente de la Generalitat insistió en que el proceso de ruptura no tiene marcha atrás. «¿Alguien cree que no votaremos?», retó al Gobierno. «¿Qué tipo de gente se creen que somos los catalanes? Somos demócratas», remató. Puigdemont cargó contra la España «franquista», según las palabras de la presidenta de la AMI, Neus Lloveras. «Nosotros no perseguimos urnas, no cerramos webs, no amenazamos a los alcaldes, ni usamos las cloacas del Estado», remató. El dirigente nacionalista aprovechó la incertidumbre que rodeaba al acto para hacer un paralelismo entre su celebración y la viabilidad y la determinación con el 1-O. «Dijeron que no haríamos este acto, pues no solo lo hemos hecho, sino que por la gente que se ha quedado fuera, podríamos haberlo hecho dos veces», exclamó. Puigdemont cargó además contra Rajoy, por insinuar que cortarán la luz el día de la votación para impedir la consulta. «Los que cortan la luz a los colegios electorales son los que cortan la luz a los hogares vulnerables», remató. «Hemos nacido para ganar la república», afirmó Junqueras en su alocución. «Ante las amenazas ,responderemos con más firmeza», concluyó.

El independentismo, que ha programado un millar de actos (entre el PDeCAT y ERC) hasta el 1-O, se plantea la campaña desde dos ópticas. Por un lado, como un desafío al Ejecutivo central y a los poderes del Estado, para visualizar su determinación de seguir hasta el final digan lo digan los tribunales y los fiscales. Cuanto más prohibidos estén los mítines, más ganas tendrá el secesionismo de organizarlos para poder presentarse como víctimas de un Estado a su juicio opresor. Y por otro, porque necesita insuflar moral a la tropa soberanista, que ante tanta actuación del Gobierno y de la Fiscalía empieza a temer que el referéndum no pueda celebrarse, o al menos, no en lo términos vinculantes en que está planteada. Y por tanto, hacer campaña es la mejor manera de transmitir una cierta normalidad, que en realidad todos saben que no es tal, empezando porque la mitad del arco parlamentario catalán (el que rechaza la ruptura con el resto de España) no organizará ni un acto en estos quince días hasta el 1-O.

Fuentes de la Delegación del Gobierno precisaron que quien tenía que ordenar el cierre del acto era el juez. Eso sí, añadieron que está por ver si la campaña puede transcurrir sin prohibiciones y que los organizadores del mitin de ayer se tendrán que atener a las consecuencias.

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