Los independentistas aplauden la fuga porque internacionaliza más el conflicto

Los constitucionalistas denuncian la cobardía de la dirigente de la CUP e ironizan con que su destino sea Suiza

A. A.

madrid. No podía ser de otro modo. La huida de Anna Gabriel ha dividido las aguas de las opiniones. Mientras que para el independentismo la decisión de la exportavoz de la CUP está justificada por la politización de la justicia y la conveniencia de internacionalizar el conflicto, desde el bloque constitucionalista se la acusó de cobardía por no querer dar la cara ante los tribunales.

Tanto Junts per Catalunya como Esquerra, ambas con miembros de sus partidos fugados en Bélgica, afirmaron entender que la exdiputada haya decidido no comparecer hoy ante el juez Pablo Llarena. La candidatura que lidera Carles Puigdemont se felicitó incluso porque la presencia de Gabriel en Suiza ayudará a internacionalizar el conflicto, según apuntó su portavoz Eduard Pujol. Cuestionado sobre si esta nueva huida puede perjudicar el futuro procesal de los investigados que si han aceptado comparecer ante el Supremo, Pujol se limitó a señalar que hay que respetar la estrategia de cada uno.

El diputado de Esquerra en el Congreso Joan Tardà añadió que le parece legítima «cualquier estrategia de defensa» para enfrentarse a «una causa política y no jurídica». El exdiputado de la CUP y abogado de la huida, Benet Salellas, zanjó que su compañera «no ha huido, ha buscado refugio por una persecución política».

Frente a la comprensión secesionista, PP, PSOE y Ciudadanos coincidieron en destacar la falta de valentía de Gabriel. El portavoz popular, Rafael Hernando, acusó a la dirigente de la CUP de cinismo, mientras que su homóloga socialista, Margarita Robles, afirmó que «lo importante de quien quiere asumir un compromiso político es defenderlo hasta el final y no se defiende hasta el final huyendo de la acción de la justicia». Albert Rivera ironizó con que «es muy coherente para una antisistema y anticapitalista ir a parar a Suiza para escapar de la Justicia». Unidos Podemos evitó pronunciarse. Su portavoz, Irene Montero, solo apuntó que la salida al problema catalán debe de ser política y no judicial.

El Gobierno también valoró la fuga y el ministro de Justicia la catalogó de «gravísima irresponsabilidad». Según Rafael Catalá, incumplir las responsabilidades judiciales supone «una falta de ética y cívica, más aún cuando se trata de un responsable público que debe tener una ejemplaridad adicional».

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