La iglesia catalana afronta la consulta dividida entre la independencia y la neutralidad

Ricardo Blázquez, ayer, durante la lectura del comunicado de la Conferencia Episcopal. :: L.Piergiovanni / efe

La Conferencia Episcopal pide a los políticos y a la ciudadanía diálogo y respeto a la legalidad

C. REINO / A. AZPIROZ

barcelona / madrid. El desafío independentista afecta también de lleno a la Iglesia española. Y al igual que la sociedad, el clero catalán sufre el cisma entre secesionistas y partidarios de mantener la unidad de España, aunque estos últimos por el momento han optado por la neutralidad ante el 1 de octubre. Ante esta situación, la Conferencia Episcopal Española emitió ayer un comunicado en el que deja clara sus posiciones. La primera de ellas consiste en pedir a quienes tienen responsabilidades de Gobierno en las diferentes administraciones «avanzar en el camino del diálogo y el entendimiento». El organismo presidido por Ricardo Blázquez aboga también por que, tanto dirigentes políticos como la ciudadanía, «eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales».

En el comunicado, la Conferencia Episcopal manda además un mensaje en clave interna al dejar claro quiénes son las únicas voces autorizadas para hablar sobre el choque de trenes entre la Generalitat y el Estado. «Los obispos queremos hacer nuestros los deseos y sentimientos manifestados recientemente de forma conjunta por los obispos con sede en el territorio de Cataluña, auténticos representantes de sus diócesis», se afirma para desautorizar a los religiosos que de forma pública han tomado parte a favor del proceso.

Apoyo al soberanismo

El obispo de Solsona, el de perfil más soberanista, defiende en público el derecho a decidir

En las últimas semanas, actores destacados de la comunidad católica catalana han salido a la palestra para, en la mayoría de los casos, avalar las tesis de la Generalitat y pedir el voto a sus feligreses en el referéndum. Dos de las figuras de más peso en el catolicismo catalán, los abades de los monasterios de Montserrat y Poblet, reclamaron hace una semana diálogo y respeto a «los derechos de nuestro pueblo». «El derecho a la participación en la vida política y social tiene que ser garantizado en un estado democrático», señalaron. Salieron así en defensa del referéndum y fue justo el mismo día en el que la Guardia Civil detuvo catorce altos cargos de la Consejería de Economía.

La Conferencia Episcopal Tarraconense, que hace las veces de Conferencia Episcopal catalana aunque sin tener aún ese reconocimiento por parte de la Santa Sede, ha mantenido la neutralidad. En ella están representados los obispos catalanes, repartidos en diez diócesis. Todos ellos firmaron una nota la semana pasada pidiendo que, «en este momento de la historia de Cataluña», «se respeten los derechos y las instituciones». Aún así hace unos meses los obispos catalanes señalaban que «conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional». El obispo de Solsona, Xavier Novell, es el que con más pasión abraza las tesis soberanistas. «Ha dado la cara, me tiene a su lado para lo que necesite», dijo hace días en su homilía respecto a Carles Puigdemont. «Este es un derecho que ninguna ley ni ningún gobierno puede nunca arrebatar», añadió a propósito del derecho a decidir.

Las bases

Una parte de la iglesia de base también ha querido apoyar estos últimos días al Gobierno catalán. Hace menos de una semana, unos 300 sacerdotes -en las diócesis catalanas hay cerca de 2.000- llamaron a los católicos catalanes a votar el 1 de octubre: «Ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a término de forma acordada, consideramos legítima y necesaria la realización de este referéndum». Además, unas 30 instituciones cristianas se solidarizaron con las protestas contra las detención y contra la operación policial.

Frente a la existencia de una iglesia más o menos soberanista, se encuentra la figura del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, la máxima autoridad eclesiástica de Cataluña. Ordenado cardenal el pasado mes de junio, Omella está en el ojo del huracán de los independentistas. El domingo pasado, durante la misa de la Mercè, patrona de Barcelona, pidió a la clase política «evitar la confrontación, la violencia y el menosprecio» y apeló al «sentido común». Omella, de origen aragonés, fue nombrado en 2016 y ya entonces se escucharon críticas desde el sector soberanista ante su designación por parte del papa Francisco.

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