Las horas más decisivas de la historia del Senado

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en una sesión de control al Gobierno en el Senado. :: efe

La Cámara alta se prepara para activar el artículo 155 si se lo pide el Gobierno, aunque los constitucionalistas ven necesaria su reforma

ÁLVARO SOTO

madrid. El Senado se prepara para sus horas más decisivas. Si el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, proclama hoy la declaración unilateral de independencia (DUI), los resortes del Estado se pondrán en marcha, según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Y esos resortes, básicamente el artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana, pasan por el Senado. «Que la declaración unilateral de independencia no tenga efectos jurídicos corresponde al Gobierno de España, a través del Senado», recordó ayer Sáenz de Santamaría en la cadena Cope.

Si Puigdemont da el paso hacia la DUI, en los próximos días el Senado tendrá la llave para activar el artículo 155, que requiere una mayoría absoluta de la que el PP dispone sobradamente (147 parlamentarios de un total de 264). Los senadores populares, sin embargo, prefieren ser prudentes y recuerdan que existen otras herramientas para embridar el órdago de la Generalitat antes de que el Gobierno active el artículo.

«Focalizamos todo en el 155, pero no es la única norma jurídica. El ordenamiento tiene la capacidad de hacer cumplir la ley», asegura el portavoz del PP en la Cámara alta, José Manuel Barreiro. «Todavía no se ha dado el escenario del 155», insiste Barreiro, que compara la ofensiva independentista con la presión que recibió el presidente del Gobierno para pedir el rescate europeo. «Mariano Rajoy supo defender la posición de España y lo mismo hará ahora, con todo el imperio de la ley», apunta el portavoz popular, que reconoce que el artículo 155 es uno de los temas de conversación entre los senadores del partido gubernamental y los de la oposición.

Porque el PP aspira a no quedarse solo si tiene que activar la medida. En este sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, indicó ayer que su partido apoyará la respuesta que dé el Gobierno a una declaración unilateral de independencia. Un apoyo que Tomás Gil Márquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera muy importante. «En un país serio resultaría loable que el principal partido de la oposición estuviera al lado del Gobierno ante un desafío así por un simple principio de lealtad», asegura Gil Márquez.

«El Senado tiene la función de control del 155 porque es un instrumento muy relevante y cuando el constituyente redactó la Constitución, quiso que esta potencia de regular la coacción estatal sobre las comunidades autónomas quedase en manos de la Cámara alta. Supuestamente, esta iba a ser la cámara de la representación territorial. Pero lo lógico es que un poder tan fuerte hubiera quedado en manos del Congreso, que es lo que ocurre con poderes similares como el estado de excepción y el estado de sitio», explica Roberto Blanco Valdés, profesor de la Universidad de Santiago.

En cualquier caso, el pleno que dé luz verde al artículo 155 puede representar un antes y un después para el Senado. Los constitucionalistas coinciden en que la Cámara alta necesita una renovación, según los más moderados, y directamente la supresión, según aquellos que creen que no existe ninguna razón para mantener una segunda cámara con apenas funciones reales.

El Senado está compuesto por 264 parlamentarios, aunque la cifra es variable (por los cambios de población de las comunidades autónomas). En las elecciones se eligen 208, cuatro por provincia más uno por cada isla, y el resto son los designados por los parlamentos autonómicos. Sus cometidos son similares a los del Congreso (crear leyes), pero siempre bajo la supervisión de la Cámara baja, que aprueba o rechaza la legislación que llega desde la Alta. También es una cámara de segunda lectura. Y el hecho de que los senadores se agrupen por partidos, y no por regiones, limita su función de cámara de representación territorial. Tiene un presupuesto de 53 millones de euros, una cifra que Blanco Valdés cree que el Estado debería ahorrarse suprimiéndolo.

«El Senado es un engendro total, es un completo disparate», sostiene el profesor de la Universidad de Santiago. «No cumple con la función territorial ni tampoco es proporcional. Es increíble que una comunidad como Madrid tenga muchos menos senadores que Castilla y León», agrega.

El constitucionalista Francesc de Carreras sí cree que una reforma siguiendo el modelo alemán serviría para que el Senado cumpliera con su misión «integradora». «No resolverá la cuestión catalana, pero haría que las comunidades autónomas pudieran dar su opinión sobre futuras leyes o eligieran altos cargos del Estado y en este caso, perderían razones para la desconexión», destaca De Carreras. No es de la misma opinión Blanco Valdés: «No existe ninguna razón que nos haga pensar que un Senado territorial vaya a reducir las reclamaciones de los nacionalismos».

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