Hacienda investiga pagos a empresas afines al proceso independentista

Rajoy responde ayer a una de las preguntas de la oposición en el Senado. :: Kiko Huesca / efe/
Rajoy responde ayer a una de las preguntas de la oposición en el Senado. :: Kiko Huesca / efe

El ministerio pide a la Generalitat información sobre concesiones, entre otros, a personalidades y empresarios del mundo de la comunicación

N. VEGA / D. VALERA MADRID.

El Gobierno no ha desistido en su empeño de esclarecer si el Ejecutivo catalán llegó a desviar dinero público para financiar el proceso independentista. La Secretaría de Estado de Hacienda ha enviado esta semana un nuevo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en el que, según fuentes del ministerio de Cristóbal Montoro, se solicita «información sobre determinados pagos en los que ha surgido alguna duda». Pagos tanto a personas como a empresas que podrían haber estado, en definitiva, vinculadas a la causa soberanista.

En el documento, con fecha del lunes y según avanzó 'La Vanguardia', se demanda concreción sobre los abonos efectuados desde el año 2015, entre otros, al empresario y expresidente del diario 'Ara' Oriol Soler, relacionado en la actualidad con varios proyectos culturales. Y no sólo se reclama el concepto de los pagos y detalles sobre los contratos que pudo suscribir con la Generalitat o cualquier organismo público, sino que el Ministerio de Hacienda pide la identidad de los funcionarios, empleados o autoridades que intervinieron en los mismos. En la lista de los receptores figuran, además, varias sociedades del grupo audiovisual Mediapro que fundó Jaume Roures y responsables de actos y publicaciones supuestamente orientados a la promoción del proceso independentista.

El Gobierno ya decidió en julio de 2017 reforzar el control de las cuentas catalanas para evitar que pudiera destinarse dinero público a sufragar el referéndum del 1 de octubre. Con ese objetivo, el Ministerio de Hacienda reclamó a la Generalitat informes semanales de gasto y en septiembre intervino todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la administración autonómica. Un mes después el Senado autorizaría a Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155 en Cataluña.

Desde entonces, el Ejecutivo rastrea por si pagos encaminados a sustentar el desafío secesionista se escaparon de su vigilancia. Es más, a principios del mes pasado el ministro de Hacienda anunció que su departamento haría las «comprobaciones pertinentes» para aclarar si, como apunta el responsable del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el Gobierno que presidía Carles Puigdemont pudo desviar dinero del Fondo de Liquidez Autonómica para el 1-O.

Este extremo no le consta al jefe del Ejecutivo, que el 7 de febrero garantizó en sede parlamentaria, en la sesión de control del Congreso, que no se gastó «ni un euro del FLA» en organizar el referéndum. «Si el juez demuestra lo contrario, dígame: ¿quién va a dimitir en su Gobierno?», retó a Rajoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Fuentes de Hacienda añadían más tarde en los pasillos que si la Generalitat llegó a colar alguna factura, tuvo que falsearla.

En todo caso, no es lo único que investiga el Gobierno, que la semana pasada, tras el paso atrás de Carles Puigdemont en su batalla por ser candidato a la investidura, anunció que indagará sobre cómo se costea el expresidente catalán su estancia en Bélgica y que velará por el buen uso de los fondos de la Generalitat. «Un fugado de la justicia -advirtieron fuentes gubernamentales- no va a vivir a costa del erario público».

La llamada de Rajoy

Las mismas voces del Gobierno reclaman que cuanto antes se ponga fin al bloqueo institucional en Cataluña con la constitución de un Ejecutivo autonómico que pueda asumir su responsabilidad. Esta fue la llamada a la que Rajoy puso voz ayer en el pleno del Senado. «Quiero que se recupere la normalidad institucional, la económica y la social, y eso pasa por que formen un gobierno ya, pero fórmenlo ustedes, porque nosotros tenemos cuatro diputados y no podemos, pero ustedes sí», exhortó al senador del grupo catalán Josep Lluís Cleries, a quien pidió el fin del «espectáculo».

A partir de ese momento, el presidente aseguró estar dispuesto a «construir» y a «dialogar» con el nuevo interlocutor, que deberá respetar la ley y aceptar que hablar no es «imponer su criterio». El representante del PDeCAT, sin embargo, exigió al Gobierno que deje de esconderse tras «tribunales y porrazos» y avisó de que Puigdemont, pese a todo, «ni claudica ni se retira».

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