La Guardia civil sitúa al candidato en el epicentro de la malversación del 1-O

Urna utilizada en el referéndum del 1-0. :: J. Nazca / reuters/
Urna utilizada en el referéndum del 1-0. :: J. Nazca / reuters

Responsabiliza a Turull del gasto de 1,4 millones del referéndum y de haber intentado liberar otros 3,4 millones para la consulta ilegal

MELCHOR SÁIZ-PARDO

madrid. El juez Pablo Llarena decidirá hoy sobre la suerte de Jordi Turull con un nuevo informe sobre la mesa de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, en el que se sitúa a Jordi Turull, entonces consejero de la Presidencia, en el epicentro de la malversación de fondos públicos de la Generalitat para financiar el 'procés'. Los documentos del instituto armado, además, destacan su papel «extraordinariamente relevante» en la intentona independentista del pasado otoño.

El dossier de la Guardia Civil, fechado el pasado 28 de febrero, responsabiliza a Turull de la malversación de 1,4 millones de los 1,6 que el Gobierno de Carles Puigdemont se gastó, de acuerdo con los últimos cálculos de los investigadores, en la preparación, promoción y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Los investigadores vinculan a Turull con tres de las cuatro partidas supuestamente malversadas durante la consulta clandestina: campaña en el extranjero, publicidad y distribución de papeletas. El ahora candidato a la Presidencia del Gobierno catalán solo no aparece en el capítulo dedicado al pago de los supuestos observadores internacionales.

La primera partida, la campaña para registrar a los catalanes que viven en el extranjero, costó 224.835 euros. Según la Guardia Civil, el objetivo era «la creación de un censo electoral de residentes fuera de España». Turull y su secretario general en la Consejería de la Presidencia, Joaquim Nin, fueron los que dieron luz verde a ese proyecto.

«Contenido cívico»

El segundo desembolso fue de 277.804 euros para la campaña de promoción del referéndum, que se emitió en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Los informes señalan a Turull como último responsable de este gasto, que podía haber sido mucho mayor. Los correos electrónicos interceptados entre el ahora candidato y el exvicepresidente Oriol Junqueras revelan que el primero pidió al segundo liberar 3,4 millones de euros para una «campaña de contenido cívico», eufemismo para promocionar el referéndum. Finalmente este proyecto no se realizó porque las dos empresas licitadoras vieron que podían incurrir en responsabilidades penales y rechazaron participar.

Turull también aparece como uno de los cinco consejeros responsable de adjudicar a la empresa Unipost un contrato por 979.661 euros para la distribución de papeletas para el referéndum y la citación postal de los miembros de las mesas electorales.

Con esos mimbres, la Guardia Civil concluye que Turull tuvo un papel «extraordinariamente relevante» en el 'procés', hasta el punto de formar parte del denominado comité estratégico que fijaba la ruta hacia la república.

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