La Guardia Civil revela que el 'CNI catalán' incurrió en ilegalidades

Los informes afirman que el Cesicat ha pinchado teléfonos, ha interceptado 'e-mails' y ha accedido ilegalmente a bases de datos

MELCHOR SÁIZ-PARDO

MADRID. La investigación de la Guardia Civil sobre las maniobras del destituido Govern para poner en marcha los embriones de la «estructura de Estado» han sacado a la luz una supuesta riada de irregularidades de una de las instituciones llamadas a ser uno de los pilares de la nueva república: el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), conocido popularmente como el 'CNI catalán'.

Según los informes que el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica del instituto armado ha remitido al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la Generalitat, tras la llegada al poder en diciembre de 2010 de Artur Mas, comenzó a convertir a esa «fundación» creada por el tripartito un año antes en un verdadero servicio de espionaje sin ningún tipo de control judicial con el único objetivo de servir al proceso de independencia.

Las acusaciones de la Guardia Civil son gruesas. Los investigadores, que sitúan por tanto los primeros movimientos para la ruptura unilateral hace exactamente siete años, sostienen que Mas empezó a cebar las arcas del Cesicat a partir de 2012, llegando a quintuplicar su presupuesto en 2014 con el objetivo de convertir esa fundación en «parte esencial» de una futura «Agencia Nacional de Seguridad» de la república catalana. Es a partir de 2014, tras la firma del acuerdo de CiU y Esquerra para la «transición nacional», cuando el 'CNI catalán' se embarca en una vorágine de «posibles actividades irregulares» para convertir este órgano en una «estructura de Estado». Los atestados afirman literalmente que el Cesicat incurrió en «actividades de censura, solicitando la eliminación de páginas web de contenido no delictivo» y que, entiende la Guardia Civil, no suponían «ninguna amenaza de la seguridad de la red».

Pero el embrión de los servicios secretos soberanistas habría ido mucho más allá, según el instituto armado. El centro habría llevado a cabo «controles de comunicaciones» sin autorización judicial, tanto de «interceptación de correos» como con la colocación de «aplicaciones de control de teléfonos móviles sin conocimiento de los usuarios» a través de un programa espía llamado 'Cerberus'.

Siempre de acuerdo con los documentos ya judicializados, la agencia de inteligencia controlada por los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont también ha tenido «acceso a datos y bases de datos de titularidad ajena a la administración catalana» sin permisos ningunos. De forma paralela, los espías de la Generalitat «crearon y desarrollaron» sus propias «bases de datos ilegales no sujetas a regulación ni control». Esos ficheros contenían «perfiles de activistas»; informaciones sobre «empresarios y altos cargos de la Generalitat» que fueron elaborados por «encargo» del Cesicat

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