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C. REINO
Viernes, 15 de diciembre 2017, 01:09
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barcelona. La Guardia Civil registró ayer la empresa Unipost, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y detuvo al director de la firma, Pau Raventós, al que liberó poco después, en el marco de las investigaciones que un juzgado de Barcelona instruye sobre el referéndum del 1-O. Esta empresa, que ya colaboró con la Generalitat para la consulta del 9-N, se dedica a la mensajería y, en una operación llevada a cabo en septiembre, la Policía se incautó de miles de sobres con las notificaciones que el Gobierno catalán iba a enviar a los miembros de las mesas del referéndum, declarado ilegal y celebrado el 1 de octubre.
La operación de ayer de la Guardia Civil está relacionada con los preparativos y, en concreto, con las cantidades que el Gobierno catalán habría destinado a la organización de la consulta. En uno de los informes remitidos al jugado número 13 de Barcelona que instruye la causa, la Guardia Civil denuncia la opacidad que está encontrando por parte de la administración catalana para determinar cuánto dinero destinó a la consulta. Los investigadores sospechan el uso de dinero público en el referéndum, lo que implicaría un presunto delito de malversación por parte de los responsables de la consulta, pero además sospechan que una parte de los gastos los habrían sufragado la ANC y Òmnium gracias a las subvenciones. Por ello, la Guardia Civil ha pedido una auditoría a las cuentas de la Generalitat para determinar las cantidades empleadas en la consulta.
De momento, la única partida que los investigadores han podido acreditar es el medio millón de euros empleado por la Consejería de la Presidencia, entonces a cargo de Jordi Turull, para la campaña publicitaria de la consulta. Los gastos que se cree que pudo hacer la Generalitat tienen que ver, entre otros, con la compra de urnas, papeletas, sobres, software o webs.
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