La Guardia Civil busca pruebas para implicar a Puigdemont en el 'saqueo del agua'

Un mosso custodia la zona acordonada de Gerona donde la Guardia Civil llevó a cabo los registros. :: efe/
Un mosso custodia la zona acordonada de Gerona donde la Guardia Civil llevó a cabo los registros. :: efe

Anticorrupción asegura que las irregularidades alcanzan dos años y medio de la gestión del presidente al frente del Ayuntamiento de Gerona

MELCHOR SÁIZ-PARDO

madrid. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción buscan pruebas de que el equipo de gobierno que lideró Carles Puigdemont en el Ayuntamiento de Gerona entre julio de 2011 y enero 2016 estuvo al tanto del saqueo de fondos públicos al que, al menos durante dos décadas, fue sometida la empresa Aguas de Girona, Salt y Sarriá de Ter (Agissa). Según los investigadores, de esta compañía de capital público y privado habrían salido no menos de quince millones de euros que habrían terminado en los bolsillos de varios empresarios con la anuencia de los diferentes responsables consistoriales.

Anticorrupción sostiene que las supuestas irregulares investigadas alcanzan, al menos, dos años y medio de la gestión del presidente actual presidente del Ejecutivo autonómico al frente del Ayuntamiento de Gerona, ya que los años bajo la lupa de la Fiscalía van desde 1998 a 2013.

La denominada 'operación Aquarium' se saldó ayer con quince registros en la ciudad de Gerona y en los municipios gerundenses de Fornells de la Selva, Bescanó y Navata, bajo la coordinación de Manuel Marcelo, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Gerona. El magistrado investiga desde julio de 2016 a los diferentes directivos de Agissa y de los equipos consistoriales de Gerona, Salt y Sarriá por los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos, tanto en la gestión de la firma de aguas como en la adjudicación del suministro.

Según explicaron fuentes del operativo, la investigación hunde sus raíces en el denominado 'caso del 3%' sobre la presunta financiación irregular de Convergència que instruye un juez de El Vendrell (Tarragona). Este magistrado remitió a los juzgados de Gerona las indagaciones de la Agencia Tributaria que desvelaron que Agissa, al menos desde 1998 estaba desviando grandes cantidades de dinero a Girona S. A., (también registrada ayer) la empresa privada que participa de la compañía de gestión de aguas.

Denuncia de la CUP

El saqueo de Agissa, según la denuncia de Hacienda a la que posteriormente en 2015 se unió la CUP , habría tenido lugar a través de multitud de burdas irregularidades como: facturación falsa, engorde de los gastos de la firma, reparto de dividendos inexistentes, cargo de gastos particulares de los directivos o remuneraciones de estos altos cargos por trabajos o funciones inexistentes. Un vaciamiento de los arcas de la empresa pública que, sostiene Anticorrupción, habría provocado la descapitalización casi completa de la entidad, que habría terminando repercutiendo todo ese expolio en los consumidores, subiendo la factura del servicio.

Los informes de los técnicos de Hacienda apuntan a que esta operativa fraudulenta comenzó hace dos décadas cuando era el PSC quien gobernaba Gerona, aunque el expolió continuó también con el equipo de Puigdemont.

La Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria argumentó en un informe emitido el pasado marzo que el consistorio que dirigió Puigdemont, como sus antecesores, toleró que Agissa se embarcara en deudas multimillonarias. El desfalcó de dinero público -según las estimaciones iniciales del fisco- llegó a los siete millones de euros, cuando la empresa municipal podría haber llegado a tener unos beneficios entre los ocho y los diez millones de euros.

Hacienda constató que las instituciones públicas, entre ellas el consistorio que dirigía el hoy presidente catalán, permitieron que todos los ingresos de Agissa se repartieran entre los socios privados hasta el punto de llevar a la quiebra técnica a este ente público-privado.

«Existen distintos y variados indicios de que (...) a lo largo de todos estos años, los responsables de los ayuntamientos no sólo habrían dejado de ejercer sus funciones de control procedentes sobre las actuaciones de Girona S. A. y Agissa, sino de que tendrían conocimiento de dichas actuaciones en cada momento», zanjó Hacienda en un informe remitido la pasada primavera al juez del 'caso del 3%' en los juzgados del Vendrell, Josep Bosch.

La Agencia Tributaria localizó en la gestión de Puidemont y de las otras dos alcaldías afectadas un cúmulo de «incontables irregularidades» en Agissa dirigidas exclusivamente a ocultar el expolio de la sociedad.

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