El Govern se querella contra el fiscal general del Estado por usurpación de funciones

Oriol Junqueras (i.) y Carles Mundó (d.). / AFP

Mundó presenta un decálogo de «violaciones de la legalidad contra el referéndum»

EUROPA PRESSBarcelona

El Govern de la Generalitat presentará una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y otra contra el fiscal superior de Cataluña, Jose María Romero de Tejada, al entender que hicieron suyas funciones que no le corresponden en la investigación del referéndum del 1 de octubre.

Según ha explicado en una rueda de prensa este viernes el conseller de Justicia, Carles Mundó, la primera querella se presentará ante el Tribunal Supremo (TS) y la segunda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ambas por los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones.

Mundó ha presentado un decálogo con diez violaciones de la legalidad que considera que el Estado ha cometido, y ha acusado al Gobierno central de haber suspendido la separación de la división de poderes para combatir el referéndum: "Se continúa escondiendo detrás de las togas".

Réplica del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes llevar al Tribunal Constitucional la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña con la que a juicio del Gobierno la Generalitat pretende crear un organismo autónomo de sanidad y seguridad social. El Ejecutivo solicita además la suspensión de la norma mientras se resuelve el recurso.

Además, recurrirá también al TC siete artículos de la Ley catalana de protección del derecho a la vivienda, en línea con el recurso presentado contra normas similares de otras autonomías, y la ley de voluntades digitales de Cataluña.

En este último caso, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Ejecutivo solicitó constituir comisión bilateral para negociar un acuerdo, pero que la Generalitat se negó, por lo que el Consejo de Ministros ha decidido llevar el asunto al Constitucional.

Embrión de seguridad social

Con respecto a la primera norma en cuestión, el Gobierno interpreta que la agencia de protección social que pretende crear la Generalitat es una de las estructuras de Estado que impulsa como parte del proceso secesionista.

"Supone la creación de un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y de organizarse, y que actúa con plena autonomía presupuestaria y funcional", explica el Ejecutivo, que entiende que implica por tanto la vulneración de las competencias estatales en materia de sanidad y seguridad social.

El Gobierno asegura que la Generalitat tiene competencias en materia de sanidad, seguridad social y asistencia, pero las pretensiones de la citada Agencia van más allá y afectan a los asuntos reservados al Estado en lo relativo a las bases y coordinación general de la sanidad y a la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros ha decidido también interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

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