El Govern pierde también la póliza de defensa jurídica tras la cancelación del seguro

Carme Forcadell se dirige a una reunión de la Mesa del Parlament. :: Andreu Dalmau / efe/
Carme Forcadell se dirige a una reunión de la Mesa del Parlament. :: Andreu Dalmau / efe

Los 19 altos cargos investigados por el TSJC disponían de asistencia legal pagada por la Administración catalana para causas judiciales

MATEO BALÍN

madrid. Los 14 miembros del Govern catalán, con Carles Puigdemont a la cabeza, y los cinco integrantes de la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, todos ellos investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su responsabilidad en la aprobación de las llamadas leyes de ruptura, ya no podrán utilizar la póliza privada de defensa jurídica suscrita por la Generalitat para sus altos cargos, según confirmaron ayer varios diputados del Parlament.

Este seguro firmado por la Administración catalana con una aseguradora, según el cual los altos cargos con asuntos judiciales abiertos pueden acudir a esta póliza para que abone los honorarios de su defensa legal, ha quedado en suspenso como consecuencia de la decisión tomada por SegurCaixa Adeslas.

La compañía, participada casi a partes iguales por Mutua Madrileña y CaixaBank, decidió el pasado 11 de octubre resolver el contrato de cobertura de aseguramiento de responsabilidad civil suscrito por el Parlament. La causa fue «la gravísima agravación del riesgo producido por los acontecimientos recientemente producidos en Cataluña, singularmente la suspensión mediante providencia del Tribunal Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundación de la República».

Esta decisión de la corte de garantías tuvo lugar el 8 de septiembre, dos días después de que el Parlament tramitara y aprobara por mayoría simple la Ley del Referéndum de Autodeterminación del 1 de octubre. Y la ruptura del contrato ha llegado después de la intervención en la Cámara catalana de Carles Puigdemont el pasado martes 10 de octubre, cuando declaró la independencia de Cataluña tras los resultados del referéndum ilegal e instantes después dejó en suspenso la citada Ley de Transitoriedad Jurídica, esto es, el marco legal aprobado por el Parlament para llegar a la República catalana.

Además de la póliza suscrita con el Parlament, SegurCaixa Adeslas ha rescindido también los dos seguros de responsabilidad civil contratados por la Generalitat, uno general para la administración autonómica y otro específico para los directivos y altos cargos. La razón es la misma: el agravamiento del riesgo producido por los últimos sucesos políticos en Cataluña, y en particular el incumplimiento del artículo 12 de la Ley 50/1980 sobre contrato de seguro.

No abonan fianzas

El 19 de septiembre de 2016 se formalizó el contrato del seguro de responsabilidad civil del Parlament, que estaba dividido en dos lotes: el primero incluía la cobertura de seguros de responsabilidad civil y patrimonial y, el segundo, la cobertura de seguros a todo riesgo de daños materiales. Por parte de la Generalitat, una de las pólizas rescindidas cubre a la administración catalana en general y data de 2011, mientras que la segunda se contrató en mayo de 2017 y se trata de una ampliación de coberturas para altos cargos y directivos.

Precisamente, SegurCaixa Adeslas ya rechazó pagar la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso al expresidente de la Generalitat Artur Mas por el desvío de dinero público para la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, por entender que es un supuesto que no está cubierto por la póliza (Mas ya ha abonado 2,2 millones).

La razón es que este tipo de seguros privados de defensa legal, como ocurre por ejemplo en la Comunidad de Madrid, son habituales en las empresas «para proteger a sus directivos y administradores por actos que tengan lugar en el ejercicio de sus cargos». Estos contratos no suelen cubrir el depósito de fianzas y si resultasen declarados culpables sus beneficiarios en sentencia firme tendrían que abonar los gastos de la defensa legal.

Por lo tanto, al suspenderse el contrato de la Generalitat y del Parlament con SegurCaixa Adeslas los 19 altos cargos del Govern y de la Mesa investigados por el TSJC por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos tendrán que repensar ahora su defensa legal, rascarse el bolsillo o esperar a que la Abogacía de la Generalitat tome cartas en el asunto.

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