El Gobierno veta la nueva ley de memoria histórica del PSOE por su coste

La proposición de ley socialista -reforma de la impulsada hace ya diez años por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero- contempla, entre otras cosas, que el Estado asuma la obligación de localizar, identificar y exhumar a las cerca de 100.000 desaparecidos que, según las estimaciones, permanecen en fosas comunes y cunetas de toda España. También pretende garantizar indemnizaciones a las familias, aún no compensadas, de quienes murieron «en defensa de la democracia» entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978 y reparar el daño a quienes sufrieron incautaciones de bienes o sanciones económicas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1945 o a sus herederos, en caso de que ya hayan fallecido.

El Gobierno calcula que el coste de estas y otras medidas contempladas en la propuesta ascendería a más de 213 millones de euros y apunta que esa cantidad rebasa la partida que cada año se consigna en los Presupuestos para cumplir con la normativa en vigor. Partida que considera «suficiente». «El PP -recriminó ayer el responsable de Justicia del PSOE, Andrés Perelló-, no quiere que se cierren definitivamente las heridas de la Guerra Civil».

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, volvió su mirada hacia Ciudadanos y le reclamó que no apoye a los populares en esta decisión. «Entendemos que ese veto manifiesta una vez más el desprecio del Gobierno de Rajoy a las políticas sociales y garantía de los derechos», adujo. El partido de Albert Rivera defiende que el veto es constitucional y que sólo es rechazable en casos en que no esté debidamente justificado. En lo que va de legislatura, sólo se ha opuesto a dos de 50 que lleva planteados el Ejecutivo.