El Gobierno vaticina que el fracaso de la Generalitat es cuestión de tiempo

La vicepresidenta saluda a los consejeros que acudieron ayer a una reunión en la Moncloa. :: E. Naranjo / efe
La vicepresidenta saluda a los consejeros que acudieron ayer a una reunión en la Moncloa. :: E. Naranjo / efe

La Moncloa intenta dejar al Gobierno catalán sin medios humanos y materiales para celebrar la consulta secesionista

RAMÓN GORRIARÁN

madrid. El Gobierno está convencido de que es cuestión de tiempo que Carles Puigdemont reconozca su fracaso con el referéndum independentista. Soraya Sáenz de Santamaría emplazó al presidente catalán a que admita «ahora» o que espere al 1 de octubre para aceptar que es imposible llevar a cabo la consulta. La vicepresidenta se ratiticó en que «no se va a celebrar» porque, además de ser ilegal, la Generalitat no va a tener los medios para hacerla.

Para la número dos del Gobierno central, la dimisión del director general de los Mossos d'Esquadra es un síntoma más de la «gravísima dinámica» en que está inmerso el presidente catalán y su vicepresidente al situar a independentistas dispuestos a todo al frente del proceso y prescindir de los altos cargos que se niegan a vulnerar el marco legal. Eso es lo que ha ocurrido, a su entender, con Alberto Batlle, al que se «ha obligado a dimitir por motivos políticos» por la única razón de ser una persona «moderada y sensata» que pretendía «hacer bien su trabajo, respetar la ley y cumplir con su obligación».

Sáenz de Santamaría, que incluyó por primera vez a su interlocutor Oriol Junqueras en el mismo paquete de irresponsabilidad que Puigdemont, volvió a apelar a la «reflexión» de los gobernantes soberanistas para que analicen a dónde están llevando a Cataluña. «En cualquier democracia -aseguró ayer- un Gobierno como ese habría durado dos telediarios», el de Puigdemont, concedió, va a durar «un poquito más», solo hasta que se convenza de que va rumbo «al fracaso».

En la Moncloa albergan la esperanza de que junto a las trabas jurídicas del Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, surtan efecto las carencias humanas y materiales, y el presidente catalán acepte que no tiene con qué ni con quién hacer la consulta. De momento carece de urnas, papeletas y censo, se enfrenta a serias dificultades para abrir colegios electorales por la orden dada a los alcaldes para que no cedan instalaciones municipales. Tampoco podrá contar con la colaboración de los secretarios de los ayuntamientos, y va a tener difícil que los Mossos d'Esquadra se impliquen en las tareas de orden público. «Es el referéndum de la nada», suele decir el portavoz Íñigo Méndez de Vigo.

Arsenal

Esas penurias se suman a las actuaciones judiciales impulsadas por el Ejecutivo de Rajoy contra los gobernantes y parlamentarios que participen en los preparativos de la consulta, ya sea con la aprobación de leyes o con la toma de decisiones ejecutivas. El círculo se completa con la ausencia de avales internacionales al proceso soberanista. Por si todo ese arsenal jurídico, político y material fuera insuficiente, Méndez de Vigo volvió a avisar ayer de que el Gobierno está dispuesto a adoptar «todas» las medidas para impedir la consulta. Una advertencia que tiene mucho de pose porque Rajoy no contempla la aplicación de las medidas legales más drásticas, como pueden ser la inhabilitación de los miembros del Gobierno catalán o la intervención de la Generalitat al abrigo del artículo 155 de la Constitución.

El Ejecutivo de Rajoy, además, confía en que los Mossos d'Esquadra no van a cambiar su postura de respeto a la legalidad si el Gobierno catalán sigue adelante con la consulta. Lo que haga este cuerpo policial puede ser determinante para la suerte del referéndum, pero en la Moncloa hay tranquilidad porque la posición del dimitido Batlle era compartida por los sindicatos del cuerpo. El ministro de Justicia explicó ayer que los policías catalanes «no pueden recibir órdenes contrarias» a la legalidad y tiene como misión fundamental la defensa «del interés general». Rafael Catalá dijo estar «seguro» de que los 'mossos' no darán amparo a un acto ilegal porque «están sometidos al mandato de la ley y no al mandato de una persona».

La dimisión de Batlle tampoco cogió por sorpresa al Gobierno de Rajoy. Nada más conocer las primeras palabras del nuevo consejero de Interior, Joaquim Forn, en el sentido de que los Mossos d'Esquadra «facilitarían que los catalanes acudieran a las urnas» se dio por hecho que el director general de la policía catalana tenías las horas contadas en su puesto, ya fuera por una destitución o por la renuncia del interesado, como así ha sido. El Ejecutivo cree asimismo que no va a ser el último movimiento porque «la purga» alcanzará a otros altos cargos de los segundos escalones de la administración catalana.

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