El Gobierno vasco emplaza a Rajoy a discutir ya el acercamiento de los presos de ETA

Fernández, ayer :: a. r. h.

Exige también «hechos» a los reclusos y recuerda que las vías legales para obtener beneficios «requieren reconocer el daño causado»

MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN.

El Gobierno vasco lleva años demandando una política penitenciaria diferente al Ejecutivo de Rajoy, aunque ayer elevó el tono de su emplazamiento en una valoración oficial a la decisión mayoritaria del colectivo de presos de ETA de acogerse a beneficios penitenciarios. Para el gabinete de Urkullu, el cese de la violencia que se produjo hace seis años, el desarme definitivo de ETA el pasado abril y este «paso positivo» del EPPK han creado un «nuevo contexto» que convierte en «impostergable» la necesidad de impulsar cambios en la política penitenciaria. La reivindicación va un poco más allá y urge al Gobierno español a «compartir con el Gobierno vasco una reflexión» sobre esas posibles modificaciones. Incluso apunta, «como primer paso», al acercamiento de los presos a cárceles cercanas a Euskadi y «atender prioritariamente» a presos con enfermedades graves. La valoración del Ejecutivo de Urkullu también pone deberes al colectivo de presos, al que insta a «pasar de las palabras a los hechos». Exige que los «pasos» que deben dar a partir de ahora «no vuelvan a demorarse durante años», ya que deben «afrontar la realidad de las vías legales». El Gobierno vasco recuerda que, desde el punto de vista legal, el acercamiento de los presos a cárceles próximas a su entorno familiar no requiere el cumplimiento de condiciones previas, algo que sí ocurre con las vías legales e individuales para la progresión de grado y la resocialización, que «requieren un reconocimiento crítico del daño causado». Por tanto, «el camino no termina con esta decisión, sino que empieza ahora».

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, fue el encargado de poner voz a la valoración del Ejecutivo de Urkullu. El lehendakari estaba al tanto desde hace semanas de que la reflexión abierta en el EPPK iba a recibir un respaldo mayoritario por parte de los presos (el viernes se supo que el apoyo fue del 73% de los reclusos). Esa es la razón por la que, en la última carta que remitió al presidente del Gobierno, este mismo jueves, incluyese la necesidad de abordar una política penitenciaria diferente, además de emplazar a Rajoy a reconsiderar el recurso del Estado contra la ley vasca de víctimas policiales.

El Gobierno Vasco destacó ayer que el final de la violencia, el desarme de ETA y la nueva postura del EPPK «confirman un cambio sustancial de las circunstancias que hace que la política penitenciaria no pueda ser la misma que hace diez años», en palabras de Jonan Fernández. De todas formas, el aumento de la presión del Ejecutivo vasco al Gobierno de Rajoy no se puede aislar del contexto político que vive el Congreso, donde los cinco diputados del PNV son claves para que el PP tenga opciones de aprobar los Presupuestos de 2018. En ese escenario, el lehendakari sabe que contará con el respaldo del PNV en su reivindicación de avances en el autogobierno, como las transferencias pendientes, o cambios en la política penitenciaria. Aunque esos temas no lleguen a estar en la mesa de negociación de los Presupuestos.

«Compartir una reflexión»

En su reivindicación de potenciar las relaciones bilaterales con el Estado, Urkullu considera que la política penitenciaria es una materia que convendría consensuar con el Gobierno español en esta etapa post-ETA. Así lo recalca en la nota hecha pública ayer, en la que califica de «impostergable» que el Ejecutivo de Rajoy «comparta» con el vasco «una reflexión sobre el cambio en la política penitenciaria». A juicio del lehendakari, esta modificación debería contemplar el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi y que se atiendan «prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria», como puede ser el de los reclusos con enfermedades graves.

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