El Gobierno recurre al 155 para destituir al alto cargo detenido por el 1-O

El Ejecutivo asegura que ha perdido la confianza en Molons, que está en libertad con cargos tras los registros del jueves de la Guardia Civil en la Generalitat

CRISTIAN REINO

barcelona. Un día después de ser detenido y puesto en libertad con cargos por supuestas malversación y desobediencia, Antoni Molons, hasta ahora secretario general de Difusión de la Generalitat, fue destituido de manera fulminante por el Gobierno central.

Molons fue arrestado el jueves pasado por la Guardia Civil en el marco de una operación ordenada por el juez instructor del juzgado número 13 de Barcelona, que investiga los gastos realizados por el Gobierno catalán para financiar el referéndum del 1-O. En concreto, el ex alto cargo de la administración catalana está acusado de pagar con dinero público la publicidad institucional de la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, lo que supondría un delito de malversación.

El Gobierno anunció ayer el cese de Molons, que entró en el ejecutivo autonómico en 2011, en una conversación informal con periodistas al término de la rueda de prensa habitual de los viernes tras el Consejo de Ministros. Lo justificó en el hecho de que Molons está siendo investigado en una causa judicial. Desde la delegación del Gobierno en Cataluña se apuntó además que el Ejecutivo central había perdido la confianza en él.

La aplicación del artículo 155, que ha suspendido de facto la autonomía catalana, ha provocado el cese de unos 250 altos cargos de la Generalitat, desde el presidente y sus consejeros, pasando por secretarios generales y directores generales, así como responsables de organismos del Gobierno catalán, como el Diplocat, o buena parte de la red de embajadas. La de Molons es la primera destitución que se produce más allá de los que se llevaron a cabo tras la aplicación del 155 en el mes de octubre.

Licenciado en Derecho y experto en comunicación, Molons, miembro del PDeCAT, mantiene vínculos estrechos con David Madí, uno de los hombres de confianza de Artur Mas. Dependía jerárquicamente del exconsejero de la Presidencia, Jordi Turull. De ahí el registro efectuada el jueves pasado por la Guardia Civil en el Palau de la Generalitat, donde el ya exalto cargo tenía su despacho.

La Policía española también irrumpió en la sede de Ómnium Cultural, pues se sospecha que la publicidad institucional del 1-O pudo pagarse a través de subvenciones encubiertas del Gobierno catalán a la entidad soberanista.

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