El Gobierno rechaza toda mediación para gestionar la crisis en Cataluña

El aluvión de ofrecimientos para mediar se acogió hasta con cierta perplejidad ayer en la Moncloa. El secretario general de Podemos telefoneó al presidente del Gobierno y al máximo dirigente de la Generalitat para trasladarles su propuesta de arbitraje. Pero aunque Rajoy agradeció la llamada de Pablo Iglesias, fuentes gubernamentales sentenciaron que «no se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado» y desecharon la iniciativa.

En esa idea se centraron ayer en la Moncloa, la de reforzar, 24 horas después del mensaje televisado del Rey, que en estas circunstancias sólo es aceptable que la Generalitat ponga fin a lo que Felipe VI definió como «deslealtad inadmisible» y ceje en su empeño de proclamar la independencia. Y en caso de retorno a la legalidad, el Gobierno avanza que, entonces sí, la prioridad será restablecer los puentes con el Ejecutivo catalán. Si Carles Puigdemont es o no en ese nuevo marco un interlocutor válido -pese a los procesos judiciales que tendrá que afrontar-, se verá.

El PDeCAT, en cambio, recibió la oferta de Podemos hasta con cierto alivio. En plena escalada de tensión, fuentes del partido admitieron que no tienen «más remedio que verle recorrido». Así lo explicaron tras el encuentro convocado por Podemos y sus socios en el Congreso. Una reunión bajo el nombre 'Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia' a la que asistieron la antigua Convergència, Esquerra, el PNV, Compromís y, como observadores, representantes de CC OO, UGT y fuerzas políticas europeas del espectro de la izquierda.

En los últimos días los esfuerzos de la Generalitat se han centrado en encontrar mediadores fuera de las fronteras de España para terciar en el enfrentamiento. Esa batalla, hasta el momento, no ha dado resultados en la UE; especialmente después de que la Comisión Europea estableciera ayer que sólo a los españoles les incumbe su futuro y que, por lo tanto, desde Bruselas no se intervendrá.

Tampoco el Gobierno encuentra justificación alguna a que sus socios comunitarios opten por inmiscuirse en una cuestión nacional. «No creemos que tenga que haber mediación, sino el cumplimiento de las obligaciones», descartó el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, tras llamar a la Generalitat a respetar la ley para garantizar el mantenimiento de la democracia en España.

En el PDeCAT, sin embargo, se abrieron ayer a que la mediación no venga del exterior. Antes incluso de que Puigdemont abrazara otra vez la idea de un intermediario en su discurso de las nueve de la noche, fuentes de los nacionalistas apuntaron que cualquier institución o persona capacitada para esta empresa sería bienvenida. E incluso revelaron que no verían con malos ojos que quien tratara de acercar posturas entre el Gobierno y la Generalitat fuese un representante del clero.

Precisamente, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, visitó ayer la sede del Arzobispado de Barcelona. En Cataluña enmarcaron la cita en esa búsqueda de interlocutores. Un proceso en el que también se habrían establecido contactos con el abad de Montserrat, Josep Maria Soler. La web Religión Confidencial fue más allá al revelar que incluso Rajoy se reunió en la tarde del martes con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Madrid, Carlos Osoro, aunque en la Moncloa rehusaron confirmar este extremo. De ser así, en todo caso, nada cambiaría. Fuentes del Gobierno sostienen que se mantienen muchas conversaciones y en ningún caso para pedir mediación alguna.

Aun así, además de Pablo Iglesias, también el lehendakari se prestó a colaborar para reconducir la confrontación tras el 1 de octubre. Iñigo Urkullu envió una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en la que relata sus gestiones para «abrir cauces de diálogo político que están cerrados» y defiende que las instituciones comunitarias impulsen «el desbloqueo».

Del mismo modo, se constituyó en Barcelona una 'Comisión independiente para la mediación, el diálogo y la conciliación', impulsada por el Colegio de Abogados y formada por los máximos representantes en Cataluña de CC OO, UGT, Pimec y la Cámara de Comercio, con el objetivo de ahuyentar toda acción unilateral por parte del Gobierno o la Generalitat que ahonde el conflicto.