Gobierno y PSOE apelan al diálogo en busca de que la Generalitat renuncie al 1-O

El Ejecutivo reitera que sobre la mesa está la reforma de la financiación autonómica e incluso el debate sobre la Constitución

NURIA VEGA

MADRID. Bloqueada buena parte de la logística para la celebración del referéndum, el Gobierno pretende que Carles Puigdemont renuncie al 1 de octubre. Sin descartar que en los próximos días puedan asestarse nuevos golpes a la maltrecha infraestructura de la consulta, los ministros del Ejecutivo expandieron ayer el mensaje de que el diálogo político podría abrirse en caso de que el independentismo desista y desconvoque la votación suspendida ya por el Tribunal Constitucional. Un último intento de disuadir a la Generalitat en el que coincidieron con el PSOE.

El titular de Economía, Luis de Guindos, deslizó en una entrevista en el 'Financial Times' que poner fin a la hoja de ruta secesionista podría abrir la puerta a abordar cambios en la financiación autonómica, entre «otros asuntos». Prácticamente al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en línea con lo que ha venido sosteniendo Mariano Rajoy, mostró la disposición del Gobierno a hablar de todo, «incluso de reformar la Constitución, siempre con el consenso y las mayorías» que requiere una modificación de la Carta Magna.

Nada cambió en el contenido. En los entornos de los ministros subrayaron que son las mismas propuestas reiteradas hasta la saciedad. Pero fuentes de la Moncloa señalaron que se abre una pequeña vía a la que podría aferrarse el independentismo para encontrar una salida alternativa al callejón del referéndum.

En los despachos gubernamentales son conscientes de lo «improbable» de poder revertir la situación en una semana. Sobre todo, cuando esa misma estrategia ya fracasó en el pasado. También con la 'operación diálogo' encomendada a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno quiso ofrecer una oportunidad de reorientar los planes de ruptura. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, recordó ayer que entonces se aceptó abordar 45 puntos del documento que el expresidente catalán Artur Mas entregó a Rajoy en la Moncloa en 2015. Todos, menos el del referéndum, nuclear para el Ejecutivo de Cataluña. No hubo caso.

Desde entonces, la relación política ha sido prácticamente inexistente. Tanto que a día de hoy no hay un canal de comunicación formal abierto entre el Gobierno central y la Generalitat, más allá de los contactos entre ministerios y consejerías para asuntos de gestión diaria. En el Ejecutivo advierten de la dificultad de hablar con quienes han optado por la vía de la desobediencia y no reconocen, insisten, ni las sentencias del Tribunal Constitución ni la legalidad vigente.

Las conversaciones e intercambios de impresiones que dirigentes del PP siguen manteniendo con integrantes del PDeCAT se enmarcan en el ámbito de las relaciones personales. Y, fruto de esos contactos, hay quien en el Gobierno cree que aún es posible que todo desemboque en elecciones anticipadas.

El día después

En este contexto, la vicepresidenta instó ayer a Carles Puigdemont a hacer «una reflexión muy profunda y muy sincera» y a no «obcecarse en sostenella y no enmendalla». Lo hizo en un acto presidido por los Reyes en el 15 aniversario del Grupo Vocento. «Les pido que no se escuden en los seguidores que puedan sacar a la calle, sino que respeten a la democracia, a los catalanes que no se merecen vivir los momentos de tensión que les están generando», reclamó Sáenz de Santamaría.

También la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pidió al máximo dirigente de la Generalitat una rectificación y la desconvocatoria inmediata del referéndum. «Cuanto antes, mejor», urgió.

El diálogo, en todo caso, parece reservado para la fase que se abrirá a partir del 2 de octubre. El exministro socialista Josep Borrell defendió este jueves que hasta entonces no hay tiempo para «soluciones milagrosas», más bien para «exigir el cumplimiento de la ley». Y que será más adelante cuando llegue la hora de la «negociación».

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