El Gobierno orilla el 155 de la Constitución para frustrar el referéndum

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto institucional en Teruel el 20 de septiembre. efe
/
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto institucional en Teruel el 20 de septiembre. efe

El Ejecutivo no prevé su aplicación antes del 1 de octubre y ha activado vías alternativas para bloquear la logística de la consulta

NURIA VEGA

Madrid. El Gobierno no contempla que el botón rojo que siempre fue el artículo 155 de la Constitución en el imaginario colectivo sea a día de hoy una vía efectiva para impedir el referéndum de independencia. Camino del 1 de octubre, en la Moncloa apuntan que el tren de la intervención parcial de la autonomía de Cataluña pasó. Convertido ya en bala de plata, en último recurso, ese precepto constitucional se reserva, en todo caso, para «después». Para un hipotético futuro de desobediencia que podría llevar a una ruptura unilateral de Cataluña con el resto de España.

Durante meses se percibió como «pasar el Rubicón», apuntan fuentes gubernamentales, y se vetó en todas las intervenciones públicas. La presión «mediático-política» desaconsejó al Ejecutivo plantearse siquiera una «versión suave» del 155, incluso pudiendo haber dado una mayor cobertura legal a decisiones puntuales como la de intervenir las cuentas de la Generalitat para evitar desvíos de dinero público a la organización del referéndum. La posibilidad de que un paso en falso quebrara la alianza con PSOE y Ciudadanos llevó al Gobierno a abrir caminos alternativos.

Siendo la prioridad frenar la consulta, se llegó a la conclusión de que el ordenamiento jurídico ya ofrecía un abanico de normas suficiente para restringir la capacidad logística de la Generalitat. Y eso, combinado con la acción de la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado, es lo que llevó a Mariano Rajoy a dar por desactivada la consulta la noche del pasado miércoles: «Saben que este referéndum ya no se puede celebrar, nunca fue legal ni legítimo, ahora no es más que una quimera imposible».

Incautadas casi diez millones de papeletas, tarjetas censales, material variado para los locales de votación y actas para la celebración de la consulta, el Gobierno admite que sigue faltando un elemento, el más simbólico: las urnas. Pero su impresión general es que se ha avanzado mucho en el reto de frustrar los preparativos, que es en lo que trabajaba el departamento de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, desde antes del verano.

Son dos los terrenos en los que se ha movido el Ejecutivo en las últimas semanas: el de los recursos ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto las leyes de desconexión aprobadas en el Parlamento de Cataluña y el presupuestario. Aunque el judicial es un proceso que se puso en marcha con la consulta del 9 de noviembre de 2014, fue el pasado 7 de septiembre cuando la Abogacía del Estado solicitó la suspensión de la norma que regulaba el referéndum y del decreto de convocatoria de la consulta.

Maquinaria en marcha

Ese movimiento activó la maquinaria del Tribunal Constitucional, que, desde la reforma de su ley orgánica en 2015, puede adoptar medidas sancionadoras para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones e incluso llegar a suspender a altos cargos públicos. De momento, el jueves ya acordó la imposición de multas para los miembros de la nueva junta electoral catalana -Sindicatura Electoral-, que seguía en marcha pese a haber sido suspendida. Además, tras anular el referéndum, los magistrados han fijado el marco de actuación para que los tribunales ordinarios y la Fiscalía puedan proceder de oficio.

En la Moncloa sostienen que una vez pulsado el botón de la justicia, no hay forma de interrumpir un engranaje que funciona ya para detener la consulta. Así contextualizan la operación que el miércoles se saldó con la detención de altos cargos de la Generalitat encargados de la logística para el 1 de octubre. Pero también las denuncias de particulares que, apelando a la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, advierten sobre la elaboración de un censo electoral de manera fraudulenta.

Sortear la polémica

Mientras, en el plano político, el Ejecutivo resolvió la semana pasada, y ante la negativa de la Generalitat a continuar con el envío semanal de los informes de gasto, intervenir las cuentas del Gobierno de Carles Puigdemont. La decisión se sustenta en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En concreto, según el Ministerio de Hacienda, en la disposición adicional primera, que permite reforzar el control de los presupuestos en función del «riesgo» detectado. Aunque en realidad ha sido una forma de esquivar las medidas coercitivas del artículo 26 de la norma, que contempla para estos casos la aplicación del controvertido 155 de la Constitución. Una intervención parcial.

Hasta el 1 de octubre, el Gobierno seguirá debatiéndose así entre la «gradualidad» o la mano dura. En algunos círculos apuntan que el Ejecutivo de Rajoy aún tiene a su disposición la Ley de Seguridad Nacional, que le permitiría dar instrucciones a los Mossos d'Esquadra. Pero esa es una normativa, aseguran con cautela fuentes gubernamentales, ideada para catástrofes naturales y otras emergencias. Y en la Moncloa creen que, salvo sorpresas inesperadas, están sentadas las bases para impedir el referéndum.

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos