El Gobierno ordena retirar el recurso que pide el retorno de los bienes de Sijena

A. TORICES

Madrid. El Gobierno no permitirá a la Generalitat realizar maniobras jurídicas a sus espaldas para recuperar el tesoro de Sijena mientras la dirección política de esa autonomía esté en manos del Estado en virtud del artículo 155 de la Constitución.

El ministro de Cultura, que es temporalmente consejero catalán del ramo, ordenó ayer al Ejecutivo autonómico que retire el recurso que presentó el jueves para tratar de anular la providencia judicial que el lunes, tras dos décadas de peleas jurídicas, permitió el traslado de 43 piezas de arte sacro del Museo de Lérida al monasterio aragones. Una impugnación que tenía como objeto retrotraer las actuaciones del juzgado de Huesca a las horas previas a esta actuación y obligar así el retorno, al menos provisional, de las obras a la sala de exposiciones catalana.

Íñigo Méndez de Vigo trató de quitar hierro al asunto, pintando la impugnación casi como un acto reflejo y rutinario, pero, al tiempo, dejó claro que «ese recurso se ha presentado sin mi conocimiento y sin mi consentimiento», por lo que ordenó su retirada. Considera que «no tiene sentido alguno» porque las obras en litigio ya están en Sijena, en cumplimiento de la sentencia emitida en 2015 por el juzgado de Huesca y ratificada en noviembre por la Audiencia Provincial.

Actuación injusta

El recurso que deberá retirarse pedía la nulidad de la providencia judicial del 7 de diciembre por motivos de forma y de fondo. La Generalitat considera que la autorización de entrada en el museo requería de un auto y no de una providencia y cree que el magistrado actuó de forma «injusta y desproporcionada» al permitir un acceso de madrugada y el uso sin límites de la fuerza para ejecutar la operación.

Méndez de Vigo, pese a enmendarle ayer la plana, no va a impedir que la Generalitat siga litigando para demostrar, como mantiene, que las 43 piezas entregadas el lunes y las 51 devueltas ya en 2016 son suyas y deben retornar a sus museos. El Govern defiende que las adquirió en una triple venta, entre 1983 y 1994, acordada con la orden de las monjas que regentaban el monasterio de Sijena, operaciones que sin embargo los tribunales oscenses han declarado «nulas de pleno derecho». Tras estas dos derrotas, su última oportunidad es el Tribunal Supremo. «Si la Generalitat estima que es necesario recurrir en casación (ante el Supremo), autorizare este recurso», anticipó el portavoz.

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