El Gobierno no ve en Jordi Sánchez el aspirante idóneo para superar el bloqueo

Jordi Sánchez, el pasado 6 de octubre, a su llegada a la Audiencia Nacional. :: mariscal / efe/
Jordi Sánchez, el pasado 6 de octubre, a su llegada a la Audiencia Nacional. :: mariscal / efe

El Ejecutivo cree que sólo contribuye a «mantener la tensión» y reclama un candidato libre de cargas judiciales

NURIA VEGA

madrid. El Gobierno de Mariano Rajoy no cree que Jordi Sánchez esté en condiciones de hacerse cargo de la Generalitat. Hace dos meses que en la Moncloa reclaman a las fuerzas independentistas la designación de un candidato «limpio», libre de cargas judiciales, que haga viable el regreso a la normalidad en Cataluña. Estando en prisión provisional desde octubre, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana no parece cumplir ese perfil. «Una persona que va a ocupar una alta responsabilidad, como es la Presidencia de un Gobierno autonómico, debería tener la capacidad de ejercer sus funciones», defendió ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La postura no ha cambiado un ápice desde los comicios. Los intentos de investir a Carles Puigdemont, pese a permanecer en Bruselas y sin comparecer ante el Tribunal Supremo, fueron siempre respondidos del mismo modo. «Tampoco pedimos tanto: que el próximo presidente esté en España y que no esté pendiente de la justicia», alegaron en enero fuentes gubernamentales. Ya entonces trasladaban que la opción del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, o la de cualquiera de los exconsejeros investigados no parecía la más apropiada para pasar la página del desafío secesionista.

Así que la apuesta ahora por Sánchez genera «preocupación» en el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo no detectan en los últimos movimientos del independentismo un esfuerzo por desbloquear la situación y sí un interés en «mantener la tensión». «No es el candidato ideal», reprochó ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aunque reconoció que la elección del presidente de la Generalitat es decisión de los grupos en el Parlamento de Cataluña. «Siempre y cuando se mantengan dentro del respeto al marco constitucional», apostilló.

Esta última precisión no deja de ser relevante. El Gobierno central, que el 27 de octubre intervino la autonomía catalana y asumió las funciones de Puigdemont y sus consejeros, no tiene capacidad alguna de intervenir en el proceso de designación del futuro presidente. Aunque, tal y como añaden fuentes gubernamentales, sí vela por que el nuevo Ejecutivo de Cataluña «se constituya de manera legal».

Eso fue lo que llevó al Gobierno a recurrir el 26 de enero la candidatura de Puigdemont, que sigue en Bruselas. El Tribunal Constitucional estableció que el Parlamento de Cataluña no podía celebrar una sesión para reelegir al expresidente a distancia. A esa decisión se agarran ahora fuentes del PP para cuestionar la investidura de Jordi Sánchez. Los populares ponen en duda que el Supremo vaya a conceder el permiso al número dos de la lista de Junts per Catalunya para salir de prisión y asistir al pleno parlamentario.

En realidad, existe el precedente de Juan Carlos Yoldi, preso de ETA y aspirante a lehendakari en 1987. La justicia resolvió en aquella ocasión permitirle acudir a la Cámara vasca para defender su propuesta. Esta es una de las razones por las que en la Moncloa prefieren mantener la cautela. En primer lugar, porque Sánchez aún no ha sido confirmado como candidato. Y en segundo, porque en ese caso el Supremo tendría que pronunciarse.

El futuro del 155

De acceder el tribunal, y siempre que ninguno de los pasos dados por el independentismo sean susceptibles de vulnerar la ley, fuentes del Gobierno sostienen que una vez formado el Ejecutivo catalán llegaría el momento de retirar las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución. Habría que estudiar entonces si los secesionistas renuncian a la vía unilateral para proclamar la independencia. Pero de respetarse el marco constitucional, no cabría más alternativa. Así lo establece, recuerdan, el acuerdo aprobado en el Senado el 27 de octubre.

«No es una cuestión de personas, no es quién sea el futuro presidente o cuáles sean sus circunstancias. Es que el Gobierno de la Generalitat cumpla con sus obligaciones», explicó en este sentido Catalá.

Aun así, el portavoz del PP en el Congreso tachó de «disparate cósmico» la propuesta de Sánchez. PSOE y Ciudadanos coincidieron en sus reproches al independentismo. El secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, censuró que los secesionistas sigan «anclados en candidatos no viables». «Poner de presidente a quien pisoteaba los coches de la Guardia Civil -sentenció el líder de los liberales, Albert Rivera- es no querer cambiar nada».

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