El Gobierno se da otras 48 horas para perfilar el alcance de la intervención en Cataluña

El Gobierno se da otras 48 horas para perfilar el alcance de la intervención en Cataluña

Rajoy reunirá mañana el Consejo de Ministros tras dejar claro Puigdemont que no acata la Constitución

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

El Gobierno volvió a dar ayer muestras del poco ánimo con el que se enfrenta a la ya inevitable intervención de la autonomía de Cataluña. Como cabía esperar, el plazo para que Carles Puigdemont respondiera al doble requerimiento hecho por Mariano Rajoy y acate la legalidad constitucional concluyó a las diez de la mañana sin un resultado satisfactorio. Y, sin embargo, el jefe del Ejecutivo decidió dejar para mañana la reunión del Consejo de Ministros en el que han de acordarse las medidas con las que se tratará de restituir el orden vigente al amparo del artículo 155 de la Constitución.

El argumento oficial, deslizado ya desde la Moncloa a última hora del miércoles, es el de la complicada agenda del presidente. Mariano Rajoy viajó ayer por la mañana a Bruselas para asistir al Consejo Europeo y no regresará hasta hoy por la tarde. Ya faltó a la cumbre celebrada en vísperas del 1 de octubre en Tallín (Estonia) y en esta ocasión le interesaba especialmente recabar el respaldo de sus homólogos frente a la grave crisis democrática que arrostra. Pero resulta obvio que podría haber encontrado la forma de compatibilizarlo todo.

Su decisión de esperar, sin embargo, vuelve a ampliar unos días el margen concedido al presidente de la Generalitat para rectificar. «Puigdemont puede convocar elecciones hasta que deje de poder hacero», insinuó sin disimulo el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo. Una vez aprobadas por el Senado las medidas que proponga el Gobierno, la competencia de llamar a las urnas quedará en manos de Rajoy. Pero para que eso se produzca falta al menos otra semana. Si anteayer se apuntaba al viernes de la semana próxima, ahora se habla más bien del lunes o el martes de la siguiente.

LAS CLAVES El PSOE garantiza su apoyo a una aplicación «limitada y breve» del artículo 155 de la Carta Magna El presidente se escuda en sus compromisos internacionales para ralentizar el proceso

El Ejecutivo se esfuerza por lanzar aún así el mensaje de que no le temblará el pulso. De hecho, en la carta remitida por Puigdemont a apenas diez minutos de la hora límite estipulada por Rajoy, se esconde una cierta capitulación del presidente de la Generalitat que, llegado el caso, podía haber servido para pulsar el botón de pausa, como reclamaron desde el PNV a En Comú o Podemos. Pero nada más lejos. «El Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña», leyó el ministro Portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, poco después de las 10:30h de la mañana.

Es cierto, dicen también en el PSOE y Ciudadanos, que Puigdemont confirmó de manera indirecta que el pasado 10 de octubre no se produjo una declaración unilateral de independencia en el Parlament; un extremo que Rajoy le había pedido aclarar. Pero con aún más claridad dejó constancia de su intención de incumplir las obligaciones que le imponen el Estatuto de Cataluña y la Constitución y, a estas alturas, alegan, eso es lo fundamental.

«Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración de independencia que no votó el día 10 de octubre», dice el presidente autonómico en el párrafo en cuestión. El tono y el mensaje de fondo inclinaron la balanza. Incluso el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, concluyó que esa «amenaza» deja al Ejecutivo sin alternativa, aunque no se resistiera a hacer una última llamada a la búsqueda del acuerdo.

El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, se anduvo aún con menos paños calientes; tildó de «tramposa» la apelación al diálogo de Puigdemont, le acusó de ser el único responsable del deterioro de las instituciones catalanas y advirtió de que no es aceptable hablar de «represión política».

El apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 es absoluta. En Ferraz se esfuerzan en matizar que, gracias a su papel, las cosas se harán de la manera menos agresiva posible. Una aplicación del precepto «limitada, breve y siempre con el horizonte de restablecer la normalidad», dijo Ábalos. Eso significa que no debería perpetuarse en el tiempo, que en aproximadamente tres (a lo sumo seis) meses, habría que convocar elecciones y que, entre tanto, el Ejecutivo gestionará el día a día de Cataluña y asegurará la prestación de servicios públicos sin intervención «política».

Sobre el papel suena sencillo, pero en la práctica nadie duda de que las cosas serán muy complicadas, que puede haber sublevaciones e incluso atrincheramientos. Socialistas y populares admiten, además, que apelar a unas elecciones como si se tratara del bálsamo de Fierabrás es una enorme ingenuidad. Pero no ven qué otra cosa se puede hacer.

Desde hace unas dos semanas, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el asesor de Rajoy, Pedro Arriola (en menos medida), diseñan con los socialistas Carmen Calvo, José Enrique Serrano, Meritxel Batet y Patxi López el alcance de las medidas que se elevarán a la Cámara alta. Y aún perfilarán en estas 24 horas el plan.

Fotos

Vídeos