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M. SÁIZ-PARDO
Viernes, 18 de mayo 2018, 00:17
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Madrid. El Gobierno garantiza que no habrá cambios en la política penitenciaria tras elaborar el pasado febrero un censo sobre los presos de ETA que muestran «indicios indicativos de la aceptación de las vías legales facilitadoras para su reinserción». El Ministerio del Interior y su titular, Juan Antonio Zoido, prometieron que la política penitenciaria «sigue siendo hoy la misma que ayer y seguirá siendo la misma que la de mañana».
El ministro, horas después de conocerse la iniciativa de Instituciones Penitenciarias de recabar datos sobre los presos que ya han «solicitado progresión de grado» y que tienen «destino» en prisión por encontrarse en segundo grado, anunció además que su departamento rechaza participar «en cualquier grupo de trabajo conjunto» como el que han propuesto los Gobiernos vasco y navarro para tratar sobre la situación de los presos de ETA.
El estudio sobre la situación de los internos de la banda más proclives a «su reinserción», adelantado por este periódico, fue encargado a los directores de varios centros el 23 de febrero por Carlos Javier Lanza, coordinador de Programas de Control y Seguimiento. Prisiones exigió que el censo con los datos individuales de los «rehabilitables» estuvieran en Madrid el lunes 26 de febrero, lo que obligó a movilizar ese fin de semana a los técnicos de tratamiento.
A pesar de las prisas, y lo «inaudito de la petición», como la califican los técnicos consultados, Interior insistió ayer en un comunicado en que se trataba de un trámite normal, que tenía «como único objeto actualizar la base de datos que centraliza la situación en la que se encuentran los internos». «Los datos solicitados sobre los presos de ETA -adujo Instituciones Penitenciarias- son los habituales que se incluyen en la base de datos para configurar el perfil del interno».
El departamento que dirige Zoido también esgrimió que poco después se volvieron recabar datos sobre presos de ETA «con el fin de elaborar una respuesta a una pregunta parlamentaria». «Las dos comunicaciones no fueron hechos extraordinarios, ya que peticiones de estas características se vienen realizando desde hace años», intentó zanjar el Ministerio del Interior.
Pero las afirmaciones del Gobierno fueron rebatidas por José Luis Pascual, el presidente de ACAIP, el mayor sindicato de funcionarios de prisiones, quien aseguró que la recopilación «apresurada» de los datos con el fin de saber la «aceptación» de los terroristas sobre su «reinserción» no es, ni mucho menos, «un procedimiento habitual», al tiempo que recordó que un censo «casi idéntico» a éste solamente se hizo en víspera de los acercamientos de 1998 y 1999 del Gobierno de José María Aznar.
El senador de Bildu Jon Iñarritu, el parlamentario que ha venido preguntando sobre los presos, afirmó que sus cuestiones solo se referían a datos estadísticos y denunció que el Gobierno «en ningún caso» le ha facilitado los datos individuales que se recabaron en esa encuesta. Iñarritu presentó ayer una nueva pregunta en la Cámara alta al Gobierno pidiendo la información recogida en ese censo.
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