El Gobierno evalúa ya los pros y contras de activar el artículo 155 en Cataluña

Estudia el alcance de las medidas a adoptar bajo ese paraguas constitucional y descarta actuar sin el respaldo del PSOE

NURIA VEGA MADRID.

En la sala de mandos del Gobierno se trabaja en el escenario de la proclamación de la independencia y se garantiza que todo está «absolutamente» controlado. Desenterrada la carpeta que contenía el artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo evalúa a día de hoy las circunstancias que deben darse para activar ese precepto de la Carta Magna que permite la intervención de la autonomía, y qué consecuencias podría acarrear. Frente a la urgencia que reclama Ciudadanos, fuentes gubernamentales llaman a no perder la calma ni descuidar los pros y los contras de su aplicación. Y la primera condición que establecen es el consenso de los principales partidos en torno a una medida tan excepcional.

«Tenemos preparadas todas las actuaciones y lo estamos hablando con los distintos representantes políticos, porque no es que el Gobierno aplique el 155 -puso ayer el énfasis la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría-; el Gobierno lo pide y lo aplican las Cortes Generales, concretamente el Senado». Ese el procedimiento establecido.

El apartado de la Constitución que se está estudiando concede al Ejecutivo la potestad de dar instrucciones a todas las autoridades de una comunidad autónoma si esta «atenta gravemente» contra el interés general de España o no cumple las obligaciones que le imponen la Carta Magna y las leyes. Sin embargo, antes de hacerse con las riendas, el Gobierno deberá formular un requerimiento al presidente del territorio en conflicto -en este caso sería a Carles Puigdemont- y lograr el respaldo de la mayoría absoluta del Senado.

La vicepresidenta traslada que el Ejecutivo tiene la situación «absolutamente» controlada tras el 1-O

De ninguna manera la Cámara alta otorga una carta blanca al Ejecutivo. El Gobierno tiene que concretar las medidas que pretende aplicar y el alcance de las mismas en un escrito dirigido al presidente del Senado y que será después remitido a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Es este órgano el que, tras escuchar las alegaciones del presidente autonómico apercibido, redacta el dictamen que se someterá a debate en el pleno.

El PP cuenta con la mayoría absoluta necesaria para su aprobación. Pero no dará ese paso sin el respaldo de, al menos, PSOE y Ciudadanos y sin tener totalmente medida la intervención que se necesita. Los populares llamaron por eso ayer a la cautela en esta nueva fase del proceso independentista. Tras las diferencias constatadas con Pedro Sánchez y Albert Rivera en los encuentros que celebró Mariano Rajoy este lunes en la Moncloa, los conservadores priorizan «intentar reconstruir la unidad».

«Hay gente que cree que el 155 es el bálsamo de Fierabrás, que va a resolver todos nuestros problemas; mire, no lo sé», replicó a Rivera el portavoz del PP en el Congreso. Fuentes del partido censuran la vehemencia del presidente de Ciudadanos, que reclama intervenir de inmediato competencias de la Generalitat para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, cuando hace no tanto, subrayan, mostraba dudas sobre la oportunidad de poner en marcha ese artículo de la Constitución. «Creo que no es bueno tener prisa», defendió Rafael Hernando. Tiempo, en definitiva, para ganarse el respaldo del PSOE, con quien el PP asegura compartir diagnóstico, pero no «terapia».

Horas antes, en una entrevista en RNE, Hernando había pedido a los socialistas definición. La segunda fuerza política demanda al Gobierno abrir el diálogo con la Generalitat, pero por ahora no ha resuelto si es el momento de aplicar el controvertido artículo constitucional. Siendo así, el portavoz de los populares reclamó ayer a Sánchez una aclaración. «Me gustaría que me dijera cuáles son las medidas que se pueden tomar distintas al 155», emplazó.

Discursos de partido

La frágil convergencia del Gobierno con el PSOE quedó otra vez cuestionada minutos después, tras anunciar los socialistas la reprobación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas policiales del 1 de octubre. Es sólo el prólogo del debate que tendrá lugar la próxima semana en el Congreso. La Junta de Portavoces aprobó ayer que Rajoy comparezca en un pleno extraordinario, como él mismo propuso la noche del referéndum. La sesión podrá celebrarse o el miércoles o el viernes. Y fuentes de la Moncloa creen que todo apunta a la primera opción, 11 de octubre.

Será en ese marco en el que los socialistas planteen sus discrepancias por la actuación policial en la jornada de la consulta; y Ciudadanos, su malestar por un dispositivo «insuficiente» para impedir la votación. Para entonces, el PP habrá promovido ya en el Congreso, los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos iniciativas para que todos los partidos defiendan la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

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