El Gobierno estudia recurrir el último intento de Puigdemont de ser investido

Soraya Sáenz de Santamaria y Mariano Rajoy, durante el pleno del Congreso del pasado miércoles. :: efe/
Soraya Sáenz de Santamaria y Mariano Rajoy, durante el pleno del Congreso del pasado miércoles. :: efe

El PP argumenta que la reforma para facilitar una elección a distancia no podrá tramitarse hasta que haya nuevo Ejecutivo

NURIA VEGA MADRID.

En la Moncloa comparten con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que el independentismo sufre los «últimos estertores» de la vía Puigdemont. Pero nadie en el Gobierno da el pulso por zanjado y el Ejecutivo garantiza que no bajará la guardia mientras las fuerzas secesionistas sigan pretendiendo elegir presidente a un «fugado» con causas pendientes en los tribunales. De momento, los servicios jurídicos del Estado estudian ya qué respuesta dar al intento más reciente de Junts per Catalunya de posibilitar la investidura a distancia.

La coalición registró el viernes en el Parlamento catalán una reforma de la ley de Presidencia de la Generalitat que abre la puerta a que el candidato a liderar el futuro Gobierno de Cataluña no esté obligado a comparecer físicamente en la Cámara autonómica. El texto, sin la firma de Esquerra, recoge únicamente dos artículos pensados para levantar las trabas legales que impiden la reelección de Puigdemont mientras permanezca en Bruselas.

El primer punto establece que el pleno del Parlamento podrá autorizar, por mayoría absoluta, que el debate de investidura se celebre sin la presencia, incluso sin la intervención, del candidato en caso de «ausencia, enfermedad o impedimento» del mismo. En cuanto al segundo apartado, fija que todos los órganos que aparecen en la ley catalana de Gobierno «pueden constituir, convocar y celebrar sus sesiones, así como adoptar acuerdos y remitir actos, tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario».

En realidad el movimiento no sorprende al Gobierno. El jueves, Íñigo Méndez de Vigo ya avanzó que el Ejecutivo no iba a «consentir» una reforma exprés que solvente el problema con el que se ha topado Puigdemont para ser designado. «Volver a las andadas de modificar fraudulentamente una ley para permitir un estatus a este señor, me parece una malísima noticia», censuró el portavoz en una entrevista en Antena 3.

Registrada el viernes la proposición de ley, fuentes del Gobierno reconocen que están estudiando la maniobra de Junts per Catalunya para determinar si procede recurrir y en qué momento podría hacerse. De momento, la iniciativa no ha sido calificada por la Mesa del Parlamento, que sería el primer paso.

Sin concretar mientras tanto la fórmula, el Ejecutivo tendría la opción de seguir el camino que señala el PP catalán. La formación argumenta que técnicamente la propuesta no puede tramitarse. Según explica el secretario general del partido, Santi Rodríguez, la iniciativa debería ser asignada a una comisión que no es posible constituir hasta que no haya nuevo Gobierno.

En resumen, que la actividad legislativa en la Cámara estaría condicionada a la investidura. En este escenario, los populares tienen previsto presentar mañana un escrito al presidente del Parlamento, Roger Torrent, de Esquerra, para que «haga respetar el reglamento y las reglas de juego» y no permita que se someta a debate la reforma que propone Junts per Catalunya y que, en el fondo, ejerce más presión sobre los republicanos, partidarios de reconocer a Puigdemont sólo de manera simbólica.

La pared del Ejecutivo

A la espera de que se sustancie la actuación del Gobierno y el partido, la dirección nacional del PP respaldó ayer que se sigan interponiendo todos los recursos para garantizar que en Cataluña haya un Ejecutivo que respete la ley. Y el coordinador general de los conservadores dio por sentado que se impugnará cualquier intento de investidura telemática de Puigdemont. «La cabezonería de los nacionalistas no llega ni de lejos al empecinamiento del Gobierno en defender las leyes», advirtió Fernando Martínez Maillo.

El Ejecutivo ya procedió contra la candidatura de Puigdemont, aun sin el aval del Consejo de Estado, cuando Torrent la hizo oficial. Ahora, lo que espera el Gobierno es que el presidente del Parlamento proponga un aspirante a la investidura libre de cargas judiciales. Un requisito que, reconocen, cumple la portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos