El Gobierno estrecha el cerco para que Puigdemont admita que no hay ruptura

Soraya Sáenz de Santamaría, ayer, en la Moncloa, durante la rueda de prensa concedida tras el Consejo de Ministros. :: zipi / efe/
Soraya Sáenz de Santamaría, ayer, en la Moncloa, durante la rueda de prensa concedida tras el Consejo de Ministros. :: zipi / efe

El Ejecutivo ofrece al dirigente catalán tener voz en el debate territorial del Congreso, pero no se plantea levantar el control de las cuentas

NURIA VEGA MADRID.

«Una pregunta sencilla para terminar con un problema complejo». Si antes del lunes a las diez de la mañana Carles Puigdemont niega de manera nítida y concisa que haya declarado la independencia, el Gobierno no sólo está dispuesto a dar por sentado que el Ejecutivo catalán vuelve a la legalidad, sino que abrirá la puerta del Congreso para que el presidente de la Generalitat participe en el debate sobre el modelo territorial. «Creo que esa oferta, que es una oferta de una amplísima mayoría de la Cámara, es sensata, moderada y entendible, y demuestra que el diálogo no hay que exigirlo, sino practicarlo», afirmó ayer Soraya Sáenz de Santamaría.

Con la fuerza que confiere el aval del PSOE, la vicepresidenta situó en el Congreso el único escenario en el que se puede abordar la modernización del sistema autonómico. El mismo Ejecutivo que antes del 1 de octubre negó a Puigdemont como interlocutor, validó que sea él quien acuda a la Cámara a defender su propuesta y que los diputados ejerzan como los únicos «mediadores» legitimados para pronunciarse sobre las reivindicaciones de la Generalitat. «¿Cómo vendes tú a la comunidad internacional que no quieres volver a la ley y no quieres ir al Congreso?», interpeló Sáenz de Santamaría.

Desde que el martes el presidente catalán declaró, suspendió y volvió a declarar la independencia de Cataluña, el Gobierno ha tratado de estrechar cada vez más el cerco. El miércoles, Mariano Rajoy activó la cuenta atrás y concedió al máximo dirigente de la Generalitat una semana para frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El requerimiento, enviado por burofax a Barcelona, es el único contacto oficial entre los dos ejecutivos y conmina a aclarar si se ha roto o no con España.

El jueves, en la recepción del Palacio Real con motivo de la festividad del Día de la Fiesta Nacional, fuentes gubernamentales añadieron que en caso de que Puigdemont niegue haber proclamado el Estado catalán, el Ejecutivo hará, más o menos, borrón y cuenta nueva y entenderá que la Generalitat retorna a la situación del 5 de septiembre, cuando aún no se habían aprobado las leyes de desconexión.

Y, por último, la vicepresidenta precisó tras la reunión del Consejo de Ministros que, en ese caso, Puigdemont podrá defender su planteamiento en la comisión parlamentaria pactada con el PSOE para modernizar el modelo territorial. «Es la oportunidad más importante que tiene», advirtió la número dos de Rajoy.

Tiempo de presiones

En la Moncloa no ignoran las presiones que a esta hora recibe el presidente catalán para evitar que se frustre la hoja de ruta independentista. Un «no» de Puigdemont por escrito supone retroceder a los tiempos prerreferéndum, difícilmente aceptable por Esquerra y la CUP, el sostén del Gobierno catalán. «La decisión depende de él, ni de la CUP ni de la Asamblea Nacional Catalana», incidió Sáenz de Santamaría sin anticipar si entonces el Ejecutivo de Cataluña estaría abocado a la convocatoria de elecciones.

De ser así, encajaría con el vaticinio de los representantes del PP catalán. Nadie fue capaz de pronosticar la gravedad de la crisis, pero dirigentes del partido anticipaban ya a principios de año una quiebra del frente secesionista que llevaría a la apertura de las urnas.

Pese al optimismo del Gobierno, también cabe, sin embargo, que la respuesta que llegue del Palau de la Generalitat a la Moncloa sea la confirmación de que se ha proclamado la independencia o cualquier texto ambiguo que, a efectos prácticos, se entendería como un sí a la secesión. El Ejecutivo advierte de que si Puigdemont envía como contestación el mismo discurso «confuso» del martes en el Parlamento de Cataluña, se activará el segundo plazo y tendrá hasta el jueves para volver a la legalidad. De lo contrario, el Consejo de Ministros enviará al Senado todas las medidas que pretende adoptar al amparo del 155. Medidas que no quiso precisar y que estarían encaminadas a intervenir en mayor o menor grado la autonomía.

De momento, las cuentas de la Generalitat ya están bajo control de Hacienda, aunque para ello no se recurrió a la Carta Magna. Y el Gobierno, que desvincula esta medida de la respuesta que dé Puigdemont el lunes, no se ha planteado por ahora revertir la situación. Tampoco una marcha atrás del presidente catalán suspenderá los procedimientos a los que se enfrenta en los tribunales.

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