El Gobierno enfría la polémica sobre los Mossos para no enardecer al secesionismo

El portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, ayer durante su comparecencia en la Moncloa tras el Consejo de Ministros. :: emilio naranjo / efe
El portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, ayer durante su comparecencia en la Moncloa tras el Consejo de Ministros. :: emilio naranjo / efe

El PP trata de contener sus filas mientras la Generalitat denuncia una campaña de desprestigio contra la policía catalana

N. VEGA / C. REINO MADRID / BARCELONA.

El Gobierno procuró apaciguar ayer el debate en torno la actuación de los Mossos d'Esquadra antes y después de los atentados de Barcelona y Cambrils. El portavoz del Ejecutivo rehusó polemizar sobre el aviso que el 25 de mayo alertó a la policía autonómica de un posible ataque en La Rambla y sobre si el informe procedía de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. «No nos parece aconsejable mantener debates públicos sobre cuestiones operativas», rechazó Íñigo Méndez de Vigo.

En su intervención tras el Consejo de Ministros distinguió el terreno policial del político. Y si bien, a su entender, el análisis de la gestión de los atentados corre a cuenta de los expertos en materia antiterrorista, el resto de asuntos deben dilucidarse en el marco del pacto antiyihadista. No en la sala de prensa de la Moncloa.

El portavoz salió así en defensa del trabajo de las fuerzas de seguridad, también los Mossos d'Esquadra, en la batalla preventiva frente a la amenaza terrorista. «Quiero recordar que pasaron 13 años desde el último atentado yihadista en España y que durante ese tiempo se ha detenido a cientos de personas», apuntó. En concreto, trasladó que desde 2015 en Cataluña se han practicado 80 arrestos. «Ningún dato aislado ni errores, como en cualquier obra humana -advirtió-, pueden empañar una valoración que es desde el punto vista general satisfactoria».

Aseguran en el Gobierno que el criterio del presidente, que desde el 17 de agosto ha optado por la cautela en todo lo relativo a los atentados, se ha impuesto. Pero también admiten en la dirección del PP que hay un interés por no alentar debates que enardezcan al independentismo en pleno desafío soberanista. Fuentes populares creen que cualquier cuestionamiento de la labor de los Mossos que proceda del Ejecutivo central o del partido que lo sostiene, será interpretado por las fuerzas soberanistas como un intento de desacreditar a sus instituciones. Lo que sólo serviría para movilizar a los partidarios de la ruptura a un mes de la fecha del referéndum.

El consejero catalán de Presidencia se apresuró a denunciar ayer una «campaña de intento de desprestigio» dirigida hacia los Mossos tras la que estarían «intereses mediáticos y políticos que no dan la cara». En una rueda de prensa en Bilbao, antes de reunirse con el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, Jordi Turull retó a quien «insinúe que el atentado se podía haber evitado, a que tenga el coraje de decirlo».

Con Trapero

El soberanismo ya sacó pecho tras los atentados de la actuación de la policía autonómica y la puso como ejemplo de que Cataluña está preparada para actuar como un Estado al margen de España. Pero además, las plataformas que apuestan por la independencia llevan días cargando contra todo aquel que dude de la actuación de los Mossos, tachándolo de «unionista», de colaborar en una operación que tiene como objetivo atacar el proceso. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) salió el jueves en defensa del mayor de los Mossos d'Esquadra. «¿Flores en los coches o mierda en los diarios? Nosotros lo tenemos claro: yo con Trapero», apuntó en un vídeo difundido a través de Twitter.

El foco de las críticas se centra en buena parte en El Periódico de Catalunya, que publicó la nota de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) avisando, especificaba, tanto a los Mossos como a las fuerzas de seguridad del Estado de un posible ataque en la zona turística de La Rambla. Desde el PP se instó ayer a respetar la libertad de información y Fernando Martínez-Maillo llamó a «desterrar actitudes de prepotencia y soberbia».

El coordinador general de los populares, como más tarde haría el Gobierno, intentó encauzar la controversia: «Los únicos culpables de los ataques terroristas son los que asesinaron». Pero en la formación conservadora, hubo quien no ocultó la tensión con la Generalitat. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, evocó el 11-M y sostuvo que si el PP gobernara en Cataluña y hubiese recibido un informe de alerta de la CIA meses antes de un atentado, tendría «las sedes absolutamente tomadas por manifestaciones». El diputado Eloy Suárez fue más allá y tuvo que pedir disculpas tras reprochar a los Mossos que no hicieran «nada» por evitar las muertes.

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