El Gobierno ve difícil un gesto de la Generalitat que permita revisar el 155

Sáenz de Santamaría en una reciente intervención en la Moncloa. :: Juan Medina / Reuters/
Sáenz de Santamaría en una reciente intervención en la Moncloa. :: Juan Medina / Reuters

Sáenz de Santamaría admite aun así que hasta el viernes las medidas se pueden «adaptar a las circunstancias»

NURIA VEGA MADRID.

En términos de confianza, en la Moncloa confiesan haber perdido la fe en una rectificación de rumbo por parte de la Generalitat. Alegan que las escasas esperanzas derivadas de conversaciones discretas con miembros del Ejecutivo catalán se frustraron de manera sistemática durante los últimos meses. Pero, aun así, el Gobierno mantendrá esa puerta abierta hasta que el viernes la Cámara alta autorice la intervención de la autonomía de Cataluña y apruebe las medidas diseñadas por el Consejo de Ministros. «El acuerdo está en el Senado y hasta el último momento los trámites permiten que pueda incluso adaptarse a las circunstancias que se planteen durante toda la semana», admitió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Resulta complicado calibrar hasta qué punto un movimiento de Carles Puigdemont puede hacer que el Gobierno, en colaboración con el PSOE, se replantee los términos de la intervención en Cataluña, que pasa por el cese del presidente autonómico y todos sus consejeros y el control de la administración. Fuentes gubernamentales interpretan que las medidas podrían «modularse» si llegara a producirse «un hecho muy relevante y contundente» como el abandono de la vía independentista o una convocatoria de elecciones autonómicas. «Cada novedad requerirá una respuesta o bien del Gobierno o bien del Senado si se encuentra ya tramitando el artículo 155», llegó a apuntar ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Pero del mismo modo que en el Ejecutivo se especula sobre si existe la opción, aún remota, de introducir una moratoria y apretar el botón de pausa, fuentes de la Moncloa reconocen que la motivación jurídica en la que se sustenta la decisión de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución no deja mucho margen de actuación. «Todo apunta a que vamos de cabeza a la intervención», resumen escépticas las mismas voces.

Los ecos que llegan desde Cataluña tampoco alientan otro análisis. El Gobierno considera significativo que Junts pel Sí y la CUP hayan firmado una solicitud para que el Parlamento de Cataluña celebre el jueves, y no antes, un pleno monográfico para responder al Ejecutivo. El mismo día en el que el Senado debatirá en comisión la solicitud del Consejo de Ministros y las alegaciones, si es que se formulan, de la Generalitat. «Es como si quisieran jugar una partida de ajedrez que no existe», reprochan en los despachos de la Moncloa.

Pese a todo, el presidente de la Cámara alta abrió ayer la posibilidad de escuchar a Puigdemont no sólo, como establece el reglamento del Senado, en el marco de la comisión conjunta que estudiará, y si procede enmendará, la petición del Ejecutivo para gestionar el día a día de la Generalitat desde los ministerios. Pío García-Escudero ofreció, además, al dirigente catalán la posibilidad de defender sus postulados en el pleno final del viernes. Antes de que no haya marcha atrás.

La batalla dialéctica

En el Gobierno insistieron ayer en que es en el Senado donde el presidente catalán debe pronunciarse. Sáenz de Santamaría confirmó en una entrevista en Onda Cero que no hay contactos con la Generalitat y que, activada la maquinaria del 155 de la Constitución, sólo queda que Puigdemont aclare lo que considere oportuno en la Cámara alta y en público. Ahora bien, la invitación al pleno, en el que previsiblemente intervendrá Mariano Rajoy, fue calificada por el PP como gesto de «deferencia».

A estas alturas, para el Ejecutivo tan importante es frenar al independentismo como dar la batalla dialéctica y evitar que impere el discurso de un Gobierno «represor». Es por eso que Rajoy reclamó ayer a sus vicesecretarios, en la reunión de dirección del PP, intervenciones públicas «didácticas» que expliquen las razones de la intervención.

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