El Gobierno cree haber dado con la tecla para anticiparse al independentismo

Rajoy celebra haber recurrido la candidatura de Puigdemont aun sin el aval del Consejo de Estado y asegura que lo volvería a hacer

NURIA VEGA MADRID.

Aplazado el pleno de investidura de Carles Puigdemont, el Gobierno constató ayer que su estrategia jurídica fue arriesgada, pero efectiva. Pese a las dudas de la semana pasada, en la Moncloa celebraron que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional haya servido para impedir que un «prófugo de la justicia» fuera elegido este martes presidente de la Generalitat. Y aunque el pulso no ha concluido, el Ejecutivo cree haber encontrado la tecla para anticiparse a partir de ahora al independentismo.

La decisión de Roger Torrent de posponer la sesión de investidura se interpretó en el Gobierno como muestra de «respeto a la legalidad» después de que el tribunal de garantías restringiera el sábado las opciones de Puigdemont. El fin de semana quedó establecido que el líder de Junts per Catalunya sólo puede optar a su reelección si vuelve a España, se pone a disposición de la justicia y obtiene un permiso para acudir al Parlamento catalán. «Gracias al recurso del Gobierno y a las medidas cautelares dictadas por el Constitucional se ha evitado una burla a nuestra democracia», defendieron fuentes gubernamentales.

El coste inasumible

Visto desde esta perspectiva, Mariano Rajoy, lejos de arrepentirse de haber procedido sin el aval del Consejo de Estado, se da por satisfecho con el transcurso de los acontecimientos. «Dicen que el Gobierno asumió riesgos y yo no sé si asumió riesgos o no, yo más bien creo que el Gobierno cumplió con su obligación. Tengo la conciencia muy tranquila y volvería a hacer exactamente lo mismo», reivindicó el presidente en una entrevista en TVE.

Cuando el jueves por la tarde se supo que el Consejo de Estado no estaba de acuerdo con que este fuera el momento idóneo para recurrir la candidatura de Puigdemont, en la Moncloa surgió la pregunta de si cabía proceder sin el respaldo del órgano consultivo. El Gobierno no tardó mucho en responderse que esta vez era necesario tomar la iniciativa y al menos intentar frustrar los planes del expresidente catalán instalado en Bruselas; que el «coste» de impugnar 'a posteriori' la investidura a distancia era «demasiado elevado», porque para entonces a ojos del mundo el cabeza de cartel de Junts per Catalunya ya habría sido elegido presidente.

La respuesta del Constitucional el sábado devolvió el pulso al Ejecutivo, que además cree que el tribunal ofreció una vía a transitar en futuros episodios. Si en los últimos meses sólo se han recurrido hechos consumados del independentismo, en la Moncloa quieren cambiar su estrategia y entienden que el auto sienta un precedente. Los magistrados han abierto la puerta a poder adelantarse y actuar ante anuncios significativos de infracciones legales. Aún queda por conocer, en todo caso, si el Constitucional admitirá a trámite el recurso una vez concluya el plazo de alegaciones.

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