El Gobierno convierte la prisión permanente en el primer eslabón de su ofensiva legislativa

El Ejecutivo aprobó ayer el anteproyecto para reformar el Código Penal y cuatro nuevas iniciativas

NURIA VEGA MADRID.

En la Moncloa han resuelto intensificar su actividad legislativa y tratar de neutralizar así la capacidad de seducción de Ciudadanos en el centroderecha. El Gobierno puso ayer el primer ladrillo de su nueva estrategia para llegar a las próximas elecciones con una hoja de servicios que presentar a sus votantes. En un Consejo de Ministros especialmente intenso, el Gabinete de Mariano Rajoy impulsó un real decreto sobre planes de pensiones y abordó cuatro anteproyectos de ley con la reforma de la prisión permanente revisable como principal apuesta gubernamental.

En realidad, el resto de iniciativas cumplieron la función de arropar la modificación del Código Penal que plantea el Ministerio de Justicia y trasladar la imagen de dinamismo que busca el Gobierno. En el caso de la prisión permanente revisable se trata de la guinda de una ofensiva que a principios de año se diseñó con el PP y que puede esbozar una forma de proceder a partir de ahora.

SUPUESTOS DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Nuevos
u Asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver.
u Asesinato después de secuestro.
uViolaciones en serie.
u Violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle.
u Muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.
Antiguos
u Asesinato de un menor de dieciséis años o una persona especialmente vulnerable
u Asesinato precedido por un delito contra la libertad sexual
u Asesinato cometido por un miembro de un grupo u organización criminal
u Asesinato de más de dos personas
u Delitos contra la Corona
u Matar al Jefe de un Estado extranjero o a una persona internacionalmente protegida
u Delitos de genocidio
u Delitos de lesa humanidad

Tras la detención del asesino confeso de Diana Quer, los populares entendieron que existía «una demanda social» a favor de mantener la máxima pena que contempla en estos momentos la normativa española y en una reunión de coordinación, el pasado 9 de enero, el PP decidió promover en todos los ayuntamientos una moción en defensa de la prisión permanente revisable. La formación conservadora encontró en la movilización ciudadana el impulso para plantar cara a la oposición, que tramita en el Congreso la derogación de la medida, y para intentar dejar al descubierto la «ambigüedad» de Ciudadanos, que viene absteniéndose en esta materia.

El colofón lo puso Rajoy el pasado fin de semana en una convención en Córdoba en la que anunció la ampliación de los delitos que podrán ser castigados con esta medida excepcional. De la defensa al ataque.

Según el anteproyecto que aprobó hoy el Consejo de Ministros, la prisión permanente debería aplicarse en el futuro en cinco nuevos supuestos: asesinatos en los que el culpable obstruya la recuperación del cadáver; secuestros que concluyan con el fallecimiento de la víctima; violaciones en serie; abusos sexuales a un menor previamente retenido y torturado; y muertes en incendios, destrucción de grandes infraestructuras o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Pese a que no figuraba en el plan legislativo inicial del Gobierno, el ministro de Justicia se escudó en el «sentir social» para defender la reforma y exhortar al resto de partidos a recapacitar sobre su posición. «No nos eligen los ciudadanos para que hagamos lo que mejor nos parezca, sino para que representemos a la sociedad», defendió Rafael Catalá en la Moncloa tras situar el apoyo a la prisión permanente entre el 70 y el 80%, según la encuesta que se analice.

Es más, garantizó que esta pena existe en prácticamente todos los países de Europa, donde incluso son más audaces. «En Francia, Alemania o Italia delitos como la rebelión, la sedición o atentar contra los intereses de Estado tienen prisión permanente revisable», advirtió, aunque Catalá descarta importar la fórmula. En este caso, no se trata de endurecer el Código Penal como aviso a los líderes independentistas investigados por esas mismas figuras en el Tribunal Supremo. En ese ámbito, el PP ya presentó el martes una enmienda que pide prohibir el indulto a los condenados por rebelión o sedición.

Apoyo parlamentario

Para el éxito de la reforma, el Gobierno deberá emprender una ardua negociación en el Congreso. Ciudadanos no cierra la puerta a colaborar con el PP e introducir modificaciones en el Código Penal, pero Albert Rivera exige a cambio que se acepte su propuesta de endurecer las condiciones de acceso al tercer grado penitenciario. Fuentes del partido liberal apuntan, en todo caso, que el Ejecutivo parece tenerlo «complicado».

Esta vez, sin embargo, es posible que el Gobierno no priorice ganar la votación en el Congreso. Hasta ahora, dada la debilidad de sus 134 diputados, había procurado promover únicamente aquellas iniciativas pactadas de antemano. Pero en algunos asuntos especialmente trascendentes para el votante conservador, el PP está dispuesto a estrellarse en la Cámara baja con tal de defender su iniciativa política.

En el caso de resto de propuestas estudiadas ayer en el Consejo de Ministros, es posible que el Gobierno no encuentre tantos obstáculos. El anteproyecto de ley de secretos empresariales, el relativo al uso de datos del registro de pasajeros y el que refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, son adaptaciones a la normativa europea. E incluso el real decreto para fomentar el ahorro privado en planes de pensiones podría obtener el respaldo de la Cámara.

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