El Gobierno considera a Puigdemont invalidado para gestionar el 2 de octubre El Ejecutivo recurre tres leyes catalanas a 48 horas del 1-O

Méndez de Vigo, en su comparecencia de ayer en Moncloa tras el Consejo de Ministros. :: Emilio Naranjo / efe
/
Méndez de Vigo, en su comparecencia de ayer en Moncloa tras el Consejo de Ministros. :: Emilio Naranjo / efe

El Ejecutivo cree que al líder de la Generalitat sólo le queda dimitir, responder ante la Justicia y convocar elecciones

NURIA VEGA MADRID

A ojos del Gobierno, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han quedado desacreditados como interlocutores políticos. Agotadas las llamadas al diálogo para la desconvocatoria de la consulta, el Ejecutivo está interesado en que no quede margen para la interpretación: no hay nada de qué hablar con quienes desafían al Estado de Derecho. «Por supuesto que diálogo con el señor Puigdemont no -descartó ayer la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat-; el único diálogo que tendrá el señor Puigdemont creo que será con la Justicia».

A 48 horas del referéndum, el Ejecutivo endureció el discurso. Fuentes de la Moncloa incidieron en la dificultad de recuperar los cauces de comunicación con aquellos dirigentes «que incumplen las leyes» y sostuvieron que tanto el presidente catalán como el número dos de la Generalitat se han «descalificado» a sí mismos como interlocutores válidos para gestionar el día después.

Este es al menos el planteamiento en los momentos previos a la consulta, cuando el Gobierno sólo tiene en mente detener la votación y restablecer la legalidad. El 2 de octubre se verá. Por ahora, nada de «futuribles». Y en el momento presente, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, sólo ve en Puigdemont, «que es la máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma», a un dirigente que «ha actuado con una deslealtad brutal y que se ha situado al margen de la ley».

«El único diálogo que tendrá Puigdemont será con la Justicia», advirtió la ministra de Sanidad

No fue la única alusión a la «deslealtad» durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Una y otra vez Méndez de Vigo echó mano del término para definir la conducta de la Generalitat en estos últimos meses en el marco de un «proceso continuado de desobediencia institucional». Siendo así, la ministra de Sanidad fue más allá en una entrevista en RNE y sentenció que a Puigdemont «sólo le queda dimitir, asumir las responsabilidades ante los tribunales y convocar elecciones autonómicas».

Sobre el presidente catalán y los consejeros de la Generalitat pesa una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña por la firma del decreto de convocatoria del referéndum. Se les investiga por un delito continuado de desobediencia, por prevaricación y malversación de caudales públicos, lo que podría acarrear penas de prisión y la inhabilitación de los miembros del actual Gobierno autonómico. «Sin duda responderán antes los tribunales, como sucede en cualquier democracia europea, y cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales», advirtió este viernes Méndez de Vigo.

Lo que en ningún caso quiso anticipar el portavoz es qué resortes está dispuesto a activar el Gobierno para frenar a Puigdemont si opta por declarar de manera unilateral la independencia tras la votación del domingo. Con la incertidumbre total de no saber cómo va a transcurrir la jornada y las decisiones que podrán adoptar las fuerzas secesionistas, el Ejecutivo descarta enredarse con «futuribles».

Por ahora, en la Moncloa creen enfrentarse a un referéndum sin papeletas, locales autorizados, mesas electorales constituidas o censo oficial. Un «caos organizativo», denuncia Méndez de Vigo, que ha desembocado en la presentación de «unos cubos como urnas». Con estos elementos, el Gobierno rechaza la tesis de que la Generalitat tenga margen para poder garantizar la celebración de una consulta válida y se resiste a comparar el 1 de octubre con el 9 de noviembre de 2014, cuando los ciudadanos sí pudieron votar. «Los antecedentes no cuentan», replicó ayer el portavoz. Méndez de Vigo dio, además, por hecho, que los Mossos d'Esquadra -que recordó que son «una delegación del Estado» en virtud del artículo 152 de la Constitución- cumplirán el mandato judicial.

Lo que más teme el entorno de Mariano Rajoy es la «fragmentación social» que, a su juicio, ha traído consigo el independentismo. «Al Gobierno que haya algaradas le preocupa, es muy importante mantener la serenidad y la cabeza fría», apeló el portavoz tras la reunión habitual de los viernes. En este contexto de llamadas a la calma, la dirección del PP ya se desmarcó esta semana del vídeo que el partido difundió en Twitter denunciando la «hispanofobia» de dirigentes nacionalistas. «No creo que en ningún caso sea bueno, por ninguna parte -admitió Méndez de Vigo-, hacer nada que contribuya a la ruptura de la convivencia».

El Consejo de Ministros acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley que regula la Agencia de Protección Social de Cataluña. El Gobierno interpreta que esta norma facilita una de las estructuras de Estado que pretende crear la Generalitat para caminar hacia la independencia. En concreto, podría ser el embrión de una hipotética seguridad social catalana. Además, el Ejecutivo ha impugando determinados preceptos de la ley que regula el derecho a la vivienda de aquellas personas en riesgo de exclusión residencial y la de voluntades digitales. En ambos casos por choque competencial.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos