Gobierno y Ciudadanos discrepan sobre la última votación del Parlament

Méndez de Vigo y Catalá tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer. :: J. C. Hidalgo / efe/
Méndez de Vigo y Catalá tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer. :: J. C. Hidalgo / efe

El Ejecutivo no ve recurrible el aval a Puigdemont mientras Rivera pide impugnarlo ante el Constitucional

NURIA VEGA MADRID.

Los tiempos en los que el desafío secesionista aunó en una misma comunidad de intereses a PP y Ciudadanos quedaron atrás. Hace tiempo que la comunicación dejó de fluir en ambas direcciones y el de este viernes fue un ejemplo más de la distancia que separa hoy a Gobierno y liberales. A la misma hora en la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, informaba ayer de que la Abogacía del Estado no ve «rasgo de ilegalidad» que aconseje impugnar la última propuesta de resolución del Parlamento de Cataluña, Albert Rivera urgía al Ejecutivo a recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional.

El documento aprobado el jueves en la Cámara catalana reconoce la figura de Carles Puigdemont y reivindica la voluntad «legítimamente expresada» en el referéndum del 1 de octubre. En ningún caso llegó a debatirse la enmienda con la que la CUP pretendía ratificar la declaración unilateral de independencia. En el Gobierno entienden que funcionaron las advertencias previas de la Moncloa y la Fiscalía sobre las posibles responsabilidades de los miembros de la Mesa del Parlamento en caso de autorizar esa votación.

En este escenario, los servicios jurídicos del Estado, según el titular de Justicia, no han detectado «de momento» motivos para acudir a los tribunales. «Cuando lo que se produce es una declaración de voluntad, política, que no tiene consecuencias jurídicas o efectos frente a terceros, hay reiterada jurisprudencia que dice que no es susceptible de impugnación», alegó Catalá tras el Consejo de Ministros.

Recordó, en todo caso, que la Abogacía del Estado permanece vigilante ante las decisiones que vaya adoptando el Parlamento de Cataluña con el ánimo de actuar de inmediato si se supera el marco de los gestos políticos y se infringe la ley. No antes. «No pretendemos estar con actividad de impugnación permanente», zanjó. Pero a juicio de Rivera la propuesta de resolución que vio la luz el jueves ya es contraria a la Carta Magna cuando legitima a un «prófugo» de la justicia.

Anular la resolución

El presidente de Ciudadanos compareció en el Congreso e instó al Gobierno a mover ficha una vez más ante el Tribunal Constitucional para que la declaración quede, primero, en suspenso y pueda ser posteriormente anulada. Aprovechó, además, para censurar que tras acceder Roger Torrent al cargo, el PP tachara al presidente del Parlamento catalán de «conciliador».

No es la primera discrepancia acerca de cómo actuar en Cataluña. Tras el referéndum del 1 de octubre fueron varias las ocasiones en las que Rivera presionó a Rajoy para precipitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía. Y en enero, cuando el Consejo de Estado respondió al Gobierno de Rajoy que era prematuro recurrir la candidatura de Puigdemont, el líder de Ciudadanos reprochó al Ejecutivo el no haber consultado a la oposición. «El revés se lo ha llevado solo», se desmarcó. Si ya entonces ambos líderes llevaban tiempo sin hablar, a día de hoy no han retomado su interlocución.

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