El Gobierno avisa que la querella contra Llarena tendrá consecuencias penales

Torrent presidió ayer en el Parlamento catalán un acto de homenaje a las víctimas de la dictadura franquista. :: Quique García / efe/
Torrent presidió ayer en el Parlamento catalán un acto de homenaje a las víctimas de la dictadura franquista. :: Quique García / efe

Torrent obvia las advertencias de los letrados y ordena que redacten la demanda por prevaricación

R. GORRIARÁN / C. REINO MADRID / BARCELONA.

El Gobierno de Mariano Rajoy avisó ayer al presidente del Parlamento catalán de que su querella contra el juez Pablo Llarena puede tener consecuencias penales para sus promotores si la materializan. La Mesa de la Cámara acordó con los votos de los representantes de JxCat y Esquerra promover la demanda a pesar de la advertencia de sus letrados sobre la inviabilidad de la misma. Roger Torrent, sin embargo, ordenó al equipo jurídico que la redactase.

El Ejecutivo de Rajoy cree que la querella es una medida de consumo interno del independentismo para paliar la frustración por la segunda suspensión de la investidura de Jordi Sànchez. Las posibilidades de éxito de la iniciativa penal son, a juicio de la Moncloa, casi nulas. «Lo que tiene que hacer el Parlament es elegir un presidente de la Generalitat» que pueda solventar el trámite de la investidura, señaló Rajoy en una comparencia en la Moncloa con el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen.

Aunque el presidente del Gobierno y también el portavoz Iñigo Méndez de Vigo aventuraron la posibilidad de que la Mesa del Parlamento catalán incurra en un delito de malversación de fondos públicos si contrata un equipo externo y le «paga» por presentar la querella, Torrent evitó ese riesgo y ordenó a los letrados de la Cámara redactarla. Los juristas habían mostrado sus reparos porque, además de tener una opinión contraria a presentarla, no son expertos en derecho penal sino en constitucional y en contencioso-administrativo. Pero el presidente obvió los reparos e impuso que la presentaran ante el Tribunal Supremo.

Méndez de Vigo, además de apuntar la posible malversación, señaló que pueden cometer «otros delitos» si la Mesa sigue adelante. «Que luego no digan que no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo porque (los letrados) se lo han dicho con toda claridad», puntualizó el portavoz gubernamental.

La Cámara catalana acordó ayer interponer una querella criminal contra el magistrado con los votos a favor de JxCat y Esquerra, que tienen la mayoría en la Mesa, y en contra de Ciudadanos y PSC. La CUP y los comunes, que no tienen ningún representante en ese órgano de gobierno, apoyaron la iniciativa y el PP la rechazó. Torrent justificó la presentación de la querella como un acto de legítima defensa frente a los «ataques» del Estado y la «regresión de derechos y libertades».

El interés de todos

Los secesionistas entienden que la decisión del juez ha vulnerado los derechos políticos de Sànchez, ha perjudicado a la Cámara y que por tanto la denuncia busca defender el «interés de todos los diputados».

Se trata de la segunda vez que el independentismo amenaza con una querella a Llarena. La primera vez que el juez impidió la asistencia de Sànchez al pleno de investidura, hace más de un mes, JxCat ya advirtió entonces con una acción judicial, pero al final nada se supo de ella.

Los juristas, según fuentes parlamentarias, expresaron «diversas objeciones respeto a la viabilidad» de que el Parlamento como institución presente una querella por prevaricación contra un magistrado del Supremo. Además, recomendaron a los grupos independentistas que ante su falta de especialización penal interpongan ellos la denuncia o que lo haga el propio Sànchez. Torrent insistió en que sea el equipo de juristas de la Cámara el que elabore la demanda, que podría hacerse extensiva a todos los magistrados de la Sala Penal del Supremo. En paralelo, aplazó sine die el debate de elección presidencial, que estaba convocado ayer.

Ciudadanos y el PP insistieron en que los independentistas podrían incurrir en un delito de malversación si siguen adelante porque entienden que se estarían destinando recursos públicos para un asunto que a su juicio es de «interés de un particular», Jordi Sànchez, encarcelado en la prisión de Estremera. Ciudadanos calificó la iniciativa de «temeraria» y el PSC cree que empeora el «enfrentamiento institucional».

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