El Gobierno apela a la complicidad de los catalanes para evitar altercados

El Ejecutivo anuncia el recurso de la ley de transitoriedad y advierte a los voluntarios sobre las consecuencias de organizar el referéndum

NURIA VEGA MADRID.

Amarrado el apoyo de PSOE y Ciudadanos, el Gobierno busca ahora la complicidad de la sociedad para mantener bajo control la crisis en Cataluña. El abismo de incertidumbre que se abre una vez suspendida la ley que sustenta el referéndum y anulado el decreto de convocatoria de la consulta, llevó ayer al Ejecutivo a apelar a la colaboración de los catalanes para evitar una escalada de tensión en las calles. «La sociedad catalana, que siempre se ha caracterizado por su pluralismo y la moderación, es la que tiene que rechazar que los extremistas y los violentos promuevan ese tipo de altercados -defendió el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo-; no solamente no seguirlos, sino rechazarlos».

En la Moncloa admiten que «a todo Gobierno le preocupa» el recurso de la violencia. No anticipan con esto lo que pueda ocurrir, pero sí quieren prevenir reacciones airadas e implicar a instituciones, partidos y ciudadanos en el reto de mantener la calma en los veintidós días que restan hasta la fecha del referéndum.

Así justifican que, el Ejecutivo, por ahora, sólo haya activado la vía judicial para dejar sin efecto las decisiones adoptadas en el Parlamento catalán. Ayer mismo, el Consejo de Ministros autorizó al presidente a recurrir algunos preceptos del código tributario de Cataluña y la ley de transitoriedad, que curiosamente, ironiza el Gobierno, no contempla el derecho de autodeterminación de los territorios catalanes. Este es el octavo movimiento de Rajoy ante el Tribunal Constitucional en las últimas 48 horas.

Limitar daños

Méndez de Vigo incidió ayer en que la respuesta del Ejecutivo está cuidadosamente medida, aun en los momentos «más emocionales», para «limitar los daños» y no contribuir a alentar la confrontación. «Para este Gobierno el objetivo irrenunciable es mantener un clima de concordia cívica», proclamó el portavoz. Porque cumplidos todos los trámites, el guión de las próximas tres semanas está por escribirse.

Aunque el Ejecutivo siempre confió en que los independentistas no llegaran a culminar su desafío con la aprobación en el Parlamento autonómico de las leyes de desconexión, ese escenario entraba en el análisis de lo probable. De lo seguro, incluso, en las últimas semanas. Nadie ha sabido o querido, sin embargo, vaticinar en qué consiste el temido «choque de trenes» entre el Gobierno y la Generalitat a cuenta del referéndum.

Desde que Mariano Rajoy compareció el jueves para anunciar la interposición de los primeros cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional, en la Moncloa se ha perdido el miedo a insinuar que llegado el caso no se vacilaría en la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna para impedir la ruptura de un territorio del Estado. «Sin renunciar a nada es sin renunciar a nada», insistió Méndez de Vigo. Pero hasta entonces, la estrategia pasa por obstaculizar al máximo la organización de la consulta para no tener que llegar a un enfrentamiento directo el 1 de octubre.

En este marco encaja también el intento de disuadir a los miles de voluntarios inscritos en la página web 'referendum.cat', para que no se conviertan en «colaboradores necesarios» de una ilegalidad. El Gobierno advierte de que sean o no funcionarios, todos deben ser conscientes de los riesgos que entraña hacer posible la cita con las urnas. «Los ciudadanos no necesitan ninguna comunicación, nos están escuchando ahora y leen a los medios -presupuso el portavoz-; por tanto, el que participe o colabore en un referéndum ilegal, lo sabe y tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace». Quienes no cometerían ningún delito son aquellos que acudan a votar si el 1 de octubre se abren las urnas.

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