El Gobierno advierte a Puigdemont de que no vivirá «a costa» de los catalanes

Sáenz de Santamaría considera una «solución imposible y ridícula» conceder al expresidente una presidencia simbólica y pide a Ciudadanos que se «arriesgue» en Cataluña

NURIA VEGAMadrid

La presidencia simbólica que los independentistas proponen para Carles Puigdemont es a ojos del Gobierno una “solución imposible y ridícula” que denota la “megalomanía absurda” del expresidente de la Generalitat. Soraya Sáenz de Santamaría entiende que los esfuerzos de los últimos días sólo van encaminados a “salvarle el tipo” al líder de Junts per Catalunya, pero advierte de que la fórmula no dará resultados. “No quiero pensar mucho de esto sea para arreglarle a él la vida no barata que lleva en Bruselas; ni puede ser presidente de la Generalitat ni va a vivir a costa de los catalanes”, ha zanjado la vicepresidenta.

La número dos del Gobierno insiste en que Puigdemont sigue siendo una persona con cuentas pendientes con la justicia, por lo que sólo contempla para él dos opciones: o cumple o se retira “hasta que sea reclamado”. Y Sáenz de Santamaría no cree que esta situación vaya a alargarse eternamente. “No tiene mucho tiempo, (…) cuando los tribunales consideren que hay elementos suficientes, puede ser que lo procesen; y cuando lo procesen, se le suspenden sus derechos políticos y da igual que esté en Bruselas o en Fernando Poo”, ha anticipado en una entrevista en Telecinco, en la que ha transmitido, además, su sensación de los secesionistas buscan "quitárselo de en medio".

La vicepresidenta ha censurado, además, que se “denigren” las instituciones en Cataluña y ha pedido a Ciudadanos reivindicar su lugar como fuerza más votada y dejar claro que Puigdemont no lidera la lista con más respaldos en las urnas. En este sentido, ha reclamado a Inés Arrimadas “más política” y no sólo mirar hacia el Ejecutivo central: “Los que han ganado las elecciones, que den la batalla, que se arriesguen, que el Gobierno se ha arriesgado”.

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La presidencia simbólica, una «pésima idea»

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha tachado de "pésima idea" que los independentistas estén planteando una presidencia simbólica para Carles Puigdemont desde Bruselas: "No es posible un presidente simbólico, no tiene ningún sentido y lo único que parece es que hay que darle un sueldo a una persona que ha huido de la justicia y está fugado", ha señalado.

"A mi me parece una pésima idea que no tiene ningún precedente en ninguna parte", ha recalcado en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press, preguntado sobre la posibilidad de esa presidencia simbólica combinada con una efectiva para Cataluña.

Para el ministro, lo "importante" es que en la Comunidad Autónoma haya un gobierno que "se dedique a resolver los problemas de la gente". Por ello, ha instado a los partidos independentistas a que "se pongan de acuerdo" para investir a un presidente "que no sea virtual", "ni esté en plasma", "ni esté huido de la justicia" y que "cumpla las leyes".

"El presidente de una Comunidad Autónoma es también la primera autoridad del Estado en esa Comunidad Autónoma", ha argumentado, insistiendo en que "no es posible" que el líder de un Ejecutivo autonómico "pretenda iniciativas de tipo secesionista que van contra el Estado al que él tiene que servir".

Acatar en estatut y la constitución

El también ministro de Educación sostiene que el resultado electoral de las elecciones catalanas "debe traducirse" en un presidente que acate la Constitución y el Estatuto de Autonomía y se "ocupe de los problemas de la gente". Dicho esto, sobre la posibilidad de que haya una repetición electoral en Cataluña o bien, finalmente haya otro candidato distinto a Puigdemont, el ministro no ha querido pronunciarse alegando que no es "un pitoniso".

Méndez de Vigo ha reivindicado la necesidad de "mantener" la convivencia y la concordia porque es "absolutamente fundamental" y ha dicho que ese es "el mayor deber de cualquier gobierno". "Eso es lo que tenemos que recuperar en Cataluña", ha subrayado, para después reivindicar la gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el conflicto catalán y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"El Gobierno hizo lo que tenía que hacer, lo que era su deber y aquello en lo que creía", ha apuntado, haciendo hincapié en el "desafío secesionista sin precedentes" que tuvo lugar con la declaración unilateral de independencia.

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