El Gobierno advierte a Puigdemont de que está listo para impugnar sus leyes

Las dos partes conocen, al menos en términos generales, su manera de proceder. Lo que significa, apuntan fuentes populares, que los partidos independentistas son conscientes de que un recurso ante el Constitucional paralizaría la ley del referéndum y la de transitoriedad de manera inmediata. Es por eso que en el PP sospechan que el PDeCAT y Esquerra tratan de dilatar al máximo los tiempos para que el primer choque de trenes se produzca en fechas próximas al 11 de septiembre. Un pronunciamiento del tribunal días antes de la Diada podría servir a la Generalitat para garantizarse una movilización masiva en las calles de Cataluña a favor de la ruptura.

Hasta ahora, el Gobierno confiaba en que las inhabilitaciones del expresidente catalán, Artur Mas, o el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, por impulsar la consulta del 9 de noviembre de 2014, tuvieran algún efecto disuasorio. La vicepresidenta insistió, de hecho, ayer en la «responsabilidad» del dirigente político que rubrique las normas de desconexión. «Aquí el problema -subrayó- es quién pone la firma a esas dos leyes que son contrarias a la Constitución». Y también la mesa del Parlamento catalán, con la presidenta Carme Forcadell al frente, podría correr riesgos de autorizar su tramitación.

Pero, llegados a este punto, en el Ejecutivo no descartan ya ningún escenario. Sáenz de Santamaría denunció ayer la falta de «vergüenza democrática» de la Generalitat con su proyecto encaminado a proclamar la república de Cataluña. «La ley transitoriedad es un producto propio de otras latitudes -censuró-; en España, con una democracia consolidada, que alguien pretenda constituir una autocracia y que el presidente de la Generalitat lo sea sobre el Parlamento y los jueces y dinamite la división de poderes, me parece que es un producto aberrante».

Además, la vicepresidenta volvió a insistir en que no habrá referéndum el 1 de octubre. Sin desvelar sus cartas para frenar la hoja de ruta independentista ni los resortes que podría ir activando el Gobierno -y que son todos los que contempla la Constitución-, Sáenz de Santamaría puso de relieve que a un mes de la consulta «no hay legalidad, no hay logística ni hay firmas».

El Ejecutivo cuenta con el respaldo del PSOE y Ciudadanos para garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña. Pero Mariano Rajoy reclamó ayer también al resto de formaciones ser conscientes de «la gravedad del desafío» secesionista. El presidente avanzó que su Gabinete actuará con «la firmeza que requiere la magnitud de la provocación» del plan independentista. Y ofreció «protección» a los catalanes frente a un «proyecto autocrático liderado por radicales».

El diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, sin embargo, cuestionó que la actitud imperturbable del jefe del Ejecutivo en la gestión de todo conflicto, sirva para afrontar los retos de la sociedad.