El Gobierno admite presiones de empresas para agilizar su salida

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. :: mariscal / efe

Aprueba una compleja norma a la que podrán aferrarse las firmas que quieran cambiar de sede sin pasar por la junta de accionistas

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

El miedo al vacío legal al que podría enfrentarse Cataluña si la próxima semana el Parlamento declarase la independencia de forma unilateral ha obligado a las grandes corporaciones catalanas a movilizarse en los últimos días para que el Gobierno facilite el cambio de sede social, en los casos en los que las juntas de accionistas tuvieran que intervenir en esa decisión, como CaixaBank. El temor ha sido tal, sobre todo en la banca, tras verse amenazada con la salida de depósitos, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció ayer que ante las peticiones de los empresarios el Ejecutivo se ha apresurado para cambiar ayer mismo la ley.

Desde el departamento económico del Gobierno admiten públicamente que el cambio normativo aprobado de forma exprés en el Consejo de Ministros «responde a la demanda de amplios sectores empresariales» ante las «dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad» en Cataluña. El decreto ley de carácter urgente está diseñado a la medida de CaixaBank, una de las grandes corporaciones que, por estatutos, precisa el aval de la asamblea de accionistas para fijar su sede fuera de Barcelona. Porque en la mayor parte de los casos, las empresas habían modificado sus normas internas para poderlo hacer desde que se puso en marcha la reforma de la Ley de Sociedades de Capital en 2015.

El ministro de Economía criticó a los impulsores del movimiento independentista para cargar contra ellos la responsabilidad de la huida de las corporaciones. «Esto es culpa de una política irresponsable que genera incertidumbre e inquietud en el mundo empresarial», indicó en su comparecencia tras el consejo de ministros. «Los que tendrán que dar explicaciones son los que toman estas decisiones políticas», añadió. E insistió en señalar a la Generalitat al exponer que «si hay decisiones (corporativas) que se toman al respecto, muchas tienen que ver por la política irresponsable» del gobierno de Carles Puigdemont.

Con el cambio normativo aprobado en marcha, se abre la vía rápida para que cualquier empresa con sede social en Cataluña pueda salir del territorio y fijar su domicilio jurídico en otra comunidad autónoma saltándose incluso a su junta de accionistas, aunque sus estatutos establezcan esa obligación.

El Ejecutivo ha realizado un ejercicio de ingeniería legal para evitar cualquier problema futuro tras la premura con la que se ha sacado adelante esta iniciativa. Economía ha rizado aún más el rizo de la Ley de Sociedades de Capitales al abrir una vía para que las empresas puedan aprobar un cambio de domicilio social en 24 horas, sin necesidad a esperar que sean sus juntas las que tengan que autorizarlo. Lo que ayer tramitó el Ejecutivo no fue una modificación de esa norma de 2015, sino que solo se limitó a incluir una «aclaración» a la que pueden aferrarse las sociedades catalanas que intentan salir de la comunidad.

Hasta ahora, la ley de Sociedades de Capital indicaba que eran los consejos de administración los que tenían la potestad para aprobar un cambio de sede social «salvo disposición contraria de los estatutos» de esa firma. Y para no dinamitar el papel de los accionistas, la «aclaración» aprobada por el Gobierno explica que ante un conflicto entre consejo de administración y junta de accionistas, será el órgano directivo y no la asamblea el que pueda decidir lo que desee respecto al domicilio «salvo que los estatutos dispongan expresamente que no ostenta esa competencia», algo que casi no ocurre en ninguna compañía.

En el caso de CaixaBank, sus normas internas indican que para proceder al traslado fuera de Barcelona «se precisará el acuerdo de la junta». Por eso, y para curarse aún más en salud, el Ejecutivo ha incluido una disposición transitoria en la que se facilita que una corporación pueda modificar sus estatutos en el futuro para dotar de ese poder de cambio de sede al consejo de administración, aunque ese órgano podrá autorizar el traslado desde hoy mismo sin necesidad de esperar al 'sí' de los accionistas. De Guindos recordó que «la decisión sigue siendo de la empresa, evidentemente», ante las críticas de los partidos nacionalistas catalanes por aprobar una ley que agiliza este proceso que está drenando el tejido empresarial de la comunidad.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará hoy el decreto ley para que tenga efectos prácticos a partir de este fin de semana, sin necesidad de esperar a que se sucedan los acontecimientos en Cataluña la próxima semana. Desde este sábado, el Ejecutivo dispone de 30 días para que el Congreso de los Diputados ratifique esta norma, que necesita mayoría de las Cortes. El Gobierno cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, aunque aún no está claro cuál será el sentido del voto del grupo parlamentario socialista, si afirmativo o abstención.

Por otra parte, la Asociación de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) ha comunicado que denunciará la próxima semana ese texto por considerar que constituye «un atropello a los derechos de los accionistas» de las empresas cotizadas.

Más

Fotos

Vídeos