La Generalitat trata de paralizar en el Supremo el control de sus cuentas

Oriol Junqueras, el día en que se abrió la campaña electoral, en Tarragona. :: Toni Albir / efe

Oriol Junqueras advierte al Gobierno central de que el control financiero no impedirá el referéndum del 1-O

CRISTIAN REINO BARCELONA.

Las cuentas de la Generalitat corren a partir de hoy el riesgo de estar técnicamente intervenidas por el Ministerio de Hacienda. Lo han estado en los últimos años desde el punto de vista financiero, a través de los préstamos del FLA, pero en las próximas horas la administración central dará un paso más allá y se dispondrá a controlar la caja de la Generalitat para evitar que Puigdemont y Junqueras hagan pagos destinados al referéndum.

Hacienda dio el viernes un plazo de 48 horas (desde el sábado) a Carles Puigdemont para que decrete un «acuerdo de no disponibilidad de crédito» del presupuesto, lo que implica que la Generalitat no puede contraer nuevos compromisos de gasto durante este ejercicio. Si el presidente de la Generelitat no acata y no firma la orden que le enviará Hacienda para cerrar el grifo de su presupuesto en todo lo que no afecte a los servicios públicos básicos (tiene de plazo hasta primera hora de este martes), la firmará Cristóbal Montoro, que hará efectiva la intervención de las cuentas de la Generalitat. Además, está ya en disposición de asumir el pago de los servicios esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como las nóminas de funcionarios, gasto corriente o transferencias a entidades locales.

La Generalitat anunció que «presentará batalla» jurídica contra la decisión adoptada el viernes en el Consejo de Ministros y que forma parte del paquete de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno central para tratar de impedir la celebración del referéndum. Y aunque el Gobierno catalán ya no reconoce la autoridad de los tribunales españoles -así lo ha afirmado Carles Puigdemont estos últimos días diciendo que ninguno de ellos puede inhabilitarle-, la administración autonómica buscó ayer en el Tribunal Supremo una salida de última hora para evitar la intervención.

Hacienda se reúne con los bancos y prevé limitar el uso de las tarjetas de crédito de los altos cargos

El Palau de la Generalitat presentó un recurso contencioso porque entiende que el Gobierno español hace un uso «ilegal» de la ley de estabilidad financiera. A su juicio, Rajoy «aplica el artículo 155 de la Constitución -el que permitiría intervenir la autonomía de Cataluña- por la puerta de atrás» y de «liquidar las instituciones de manera encubierta». En el recurso, el Ejecutivo catalán incluyó una reclamación de suspensión cautelar de la aplicación de las medidas del Gobierno, por lo que el Tribunal Supremo deberá resolver esa petición antes de deliberar sobre el fondo del recurso. Una decisión que podría prolongarse durante dos o tres semanas y por tanto producirse después del 1 de octubre. El siguiente recurso de la Generalitat, de no prosperar el del Supremo, sería acudir a los tribunales europeos. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, avisó ayer de que el control de las cuentas se prolongará el tiempo que tarde la administración catalana en cumplir la legislación.

Sin base legal

Desde la parte catalana, mientras, avisaron al Gobierno central de que «no depende de las finanzas de la Generalitat» que el 1-O se pueda votar en el referéndum convocado. Junqueras fue contundente. La intervención de las cuentas «no impedirá que los catalanes voten el 1 de octubre», advirtió. El vicepresidente de la Generalitat teme que la medida le imposibilite gastar en partidas como industria, comercio, ganadería, cultura, investigación, juventud, deportes, vivienda y Renta de Garantía de Ciudadanía y acusó al Gobierno central de buscar «el colapso de todas las administraciones». «Usarán nuestro dinero para pagar ellos, pero necesitarán que les pasemos una por una todas las facturas. Provocarán el colapso administrativo a todo el mundo», remató.

El ministro de Hacienda explicará mañana en el Congreso el alcance de las medidas adoptadas. El detonante de la decisión del Gobierno fue la carta que Junqueras envió la semana pasada a Montoro, en la que le comunicó que no volvería a mandarle el informe semanal de todos los pagos que el Gobierno le exige desde julio para certificar que no se están haciendo gastos para el referéndum. Hacienda se reunió ayer con representantes de la banca para explicarles las medidas y reclamar que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General.

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