La Generalitat mantiene que la ley dice que convocar un referéndum no es delito

El Gobierno catalán emplaza a Rajoy a una última reunión con Puigdemont para abordar el 1-O

C. REINO BARCELONA.

Veinticuatro horas antes del pleno más decisivo en 40 años de autonomismo, que culminará cinco años de proceso catalán y en el que la Cámara catalana actuará casi de manera soberana, el Ejecutivo de Carles Puigdemont se mostró ayer dispuesto a llegar hasta el final, desde la premisa de que es un «honor» pilotar la desconexión y asumir «todas las consecuencias».

«Seremos leales con el encargo que nos llegue del Parlamento de Cataluña y lo haremos en términos de obediencias a la mayoría parlamentaria, que sale escogida de las urnas; nuestra legitimidad es absoluta y total», afirmó el consejero de la Presidencia, Josep Turull.

El Ejecutivo autonómico afirmó que convocar un referéndum «no es delito» en España. Cuestión bien distinta sería si la ley que ampara ese decreto estuviera suspendida, como podría ocurrir estos días.

La Generalitat se basó en una ley orgánica de 2005, aprobada en el Congreso que eliminó los delitos por convocar y participar en un referéndum no autorizado o ilegal. En 2003, el Gobierno del PP reformó el Código Penal para poder encarcelar al entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, si convocaba un referéndum. Dos años después, el PSOE derogó la parte de la ley que castigaba con penas de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocase o autorizase la convocatoria de referéndos. Según Turull, esta ley está en vigor.

El consejero, no obstante, emplazó a Mariano Rajoy a que así como habla con el PSOE y Ciudadanos de la consulta, lo haga también con los indepdentistas, y ponga «lugar, día y hora» para hablar de ello.

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