La Generalitat llevará la «intervención encubierta» de sus cuentas a los tribunales

Asegura que remitirá a Hacienda la certificación semanal de sus gastos pero no irá firmada por los interventores, a los que se niega a identificar

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

La Generalitat remitirá semanalmente a Hacienda los certificados sobre ejecución del gasto público con los que el Gobierno pretende comprobar que no está destinando ni un euro a sufragar el anunciado referéndum del 1 de octubre, pero no lo hará a través de los interventores directamente señalados en la orden ministerial, sino a través de sus consejeros. Lo anunció ayer el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Oriol Junqueras, en la comparecencia posterior al Consell Executiu en la que, además, advirtió de que recurrirá la decisión gubernamental de condicionar el pago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que se paralice la consulta.

El recurso será doble, por vía contenciosa ante el Tribunal Supremo, pero también ante el Tribunal Constitucional. La intención final de la Generalitat es denunciar en instancias internacionales lo que, en un comunicado, tilda de «nuevo ataque» contra el 'Govern' y «castigo al pueblo de Cataluña», pero antes está obligada a agotar todas las posibilidades de apelación en España. Según fuentes del Gobierno autonómico, su gabinete jurídico prepara ya una argumentación con la que pretende demostrar que el Ejecutivo de Rajoy habría incurrido en una «intervención encubierta de las finanzas» catalanas por una vía que carece de amparo legal.

En el Gobierno de Carles Puigdemont sostienen también que no hay base para ligar el desembolso de un instrumento concebido para garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales con el gasto en el proceso secesionista. Y que por más que el FLA, del que los catalanes han sido principales beneficiarios, lleve aparejada una condicionalidad, la ahora impuesta no se ajusta a los principios de la ley de estabilidad presupuestaria y sotenibilidad financiera, en la que debería estar fundamentada.

Se compromete a pagar la asistencia jurídica a los funcionarios requeridos por el Gobierno de Rajoy

En la orden gubernalmental acordada el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy se alega que, al hacer pública su voluntad de continuar con el procedimiento referendario, la Generalitat «ha puesto en nuevo riesgo la estabilidad y el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña y ha generado una nueva situación de incertidumbre económica que está perjudicando a ciudadanos y empresas y por tanto a la estabilidad financiera». «Prueba de ello -añade- es la desconfianza que ello ha generado en los inversores en los últimos días, tal y como refleja su prima de riesgo y su imposibilidad de financiarse en los mercados».

Pago a proveedores

«Es obvio que no hacemos un referéndum con las facturas del FLA», replicó Junqueras. En un comunicado posterior, la Generalitat añadió que el Ejecutivo no puede «castigar a los más débiles» que es lo que haría, argumenta, si se cortara la ayuda financiera: «Se pararía el buen funcionamiento del pago a los proveedores y de los servicios».

El número dos de la Generalitat insistió, en todo caso, en que Cataluña cumplirá con los requerimientos de Hacienda, como viene haciendo hasta la fecha (desde finales de 2015 tiene que presentar informes mensuales) para demostrar que «gestiona sus recursos con el máximo rigor», pero no comunicará al Ejecutivo los nombres de las personas que, de acuerdo con la orden gubernamental, deberían certificar el gasto, esto es, los interventores de todas las consejerías; los responsables económico financieros de las entidades en las que no existen intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos, y el de Política Financiera, Seguros y Tesoros.

Pese a la amenaza de enfrentarse a acciones legales que pesarían sobre esos funcionarios, serán los consejeros los que firmen y remitan la documentación a la interventora general. Pero la Generalitat promete sufragar asistencia jurídica para aquellos que puedan verse afectados por su decisión.

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