La Generalitat se declara en rebeldía y da por suspendida la intervención de sus cuentas

Los Mossos d'Esquadra desalojaron a última hora de la tarde a decenas de personas que bloqueaban la entrada del secretario judicial a la empresa Unipost en Terrassa. :: ll. gené / afp
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Los Mossos d'Esquadra desalojaron a última hora de la tarde a decenas de personas que bloqueaban la entrada del secretario judicial a la empresa Unipost en Terrassa. :: ll. gené / afp

Oriol Junqueras presiona a la banca para que no colabore con Hacienda, que ayer debía asumir la tesorería de Cataluña

CRISTIAN REINO BARCELONA.

Acción-reacción. El pulso que mantienen el Gobierno central y el catalán como consecuencias de la convocatoria del referéndum sobre la independencia no se detiene y cada día se produce una escaramuza nueva. La tensión aumenta a medida que se acerca la batalla final, el 1 de octubre.

La Generalitat se declaró ayer casi en rebeldía en un hecho inédito en 40 años de democracia, pues anunció que no tiene intención de acatar la intervención de sus cuentas decretada por parte del Ministerio de Hacienda. Cuando se daba por hecho que el Ejecutivo central pasaría ayer a controlar los gastos esenciales de la administración catalana, para asegurarse que no destina ni un euro a la celebración de la consulta secesionista, el Gobierno catalán imprimió ayer un giro imprevisto al guión y dio por suspendida de manera unilateral la intervención de sus cuentas, una operación que considera que supone una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución, el que permite la suspensión de competencias autonómicas, por parte del Gobierno central.

El vicepresidente catalán y consejero de Economía, Oriol Junqueras, que siempre ha hecho gala de mantener una buena relación con La Moncloa y en concreto con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, basó su argumentación en el recurso que la parte catalana presentó al Tribunal Supremo para tratar de paralizar in extremis el control financiero.

El Alto tribunal admitió ayer a trámite el recurso contencioso de la Consejería catalana de Economía, lo que para el Gobierno catalán implicaba «efectos suspensivos» sobre el objeto del recurso, en este caso la intervención de las cuentas catalanas. Fuentes del Supremo aclararon que para ordenar medidas cautelares, como solicitaba la Generalitat, debe abrir un periodo de unos 10 días para dar traslado a las partes para que puedan presentar alegaciones. Pero aclarando que durante este tiempo «no se suspende la intervención». Hacienda, por tanto, debía asumir ayer la tesorería de la comunidad autónoma de Cataluña.

«Es una manipulación»

«No comprendo por qué (Junqueras) hace estas cosas, si son para media hora. Su interpretación es una manipulación absoluta», dijo Soraya Sáenz de Santamaría. «Si hay un terreno en el que no hay posverdad es en el ámbito judicial. Lo único que ha hecho el Supremo es poner un sello de admisión de entrada del recurso de la Generalitat», matizó la vicepresidenta del Gobierno.

Junqueras, en cambio, insistió en que la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo le ampara y que en cualquier caso la intención del Gobierno catalán es seguir actuando como si no hubiera intervención. «A efectos prácticos, estamos como la semana pasada, antes de la decisión del Gobierno», señalaron fuentes de la Consejería catalana de Economía. Esta supuesta normalidad, convertida en desafío y en desacato al Gobierno de Rajoy, implica, por ejemplo, que los bancos que operan con la Generalitat sigan haciéndolo como hasta ahora.

Por ello, el líder de Esquerra anunció que se dirigirá a las entidades financieras por la vía administrativa y notarial para exigirles que sigan relacionándose con la administración catalana con «normalidad», ignorando la intervención de Hacienda, y desde la premisa de que «todo el mundo debe ser consciente de sus obligaciones». El Gobierno, avisó Junqueras, «no puede exigir a un tercero que actúe fuera de la ley» y «deje de cumplir con las funciones que le tocan» para favorecer sus «objetivos políticos», que en este caso son frenar el referéndum. De forma gráfica y con toda la ironía, el vicepresidente preguntó: «¿Qué tiene que ver la factura de un paracetamol con el referéndum?».

Junqueras presionará a las entidades bancarias, que se pueden encontrar en el medio de fuego cruzado, ya que Hacienda les instó el lunes a congelar los fondos y controlar las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat. Desde el Departamento de Economía advirtieron al Ministerio de Hacienda de que no puede retener los recursos de la Generalitat, pues estaría incumpliendo la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca). La Generalitat avisó además que dispone de «todos los recursos para hacer frente a todas y cada una de sus obligaciones», aunque está por ver cuánto tiempo, ya que las cuentas catalanas dependen del FLA.

Semanas después de aprobar la ley del referéndum, de firmar el decreto de la consulta del 1-O y de validar la ley de transitoriedad jurídica, tres movimientos con los que el independentismo declaró de facto la soberanía de Cataluña, los secesionistas dieron ayer un paso más en ese senda, pues desoyeron la orden del Gobierno central e ignoraron la argumentación que esgrimió el Supremo. A diez días para el referéndum, la Generalitat quiso escenificar que actúa de manera autónoma y que su determinación en el desafío contra el Estado es absoluta. Puigdemont y Junqueras ganan tiempo, tratan de pasar la patata caliente al Ejecutivo de Rajoy y le provocan para que actúe con más contundencia, lo que el independentismo suele utilizar para caldear el ambiente. Junqueras argumentó asimismo que para que la orden del control efectivo de las cuentas catalanas sea suspendida, hace falta que lo diga un juez, y que no basta con que el Gobierno central firme un decreto. Sin embargo, la Ley de Estabilidad sobre la que se basa la medida anunciada por Montoro y votada por CiU no dice eso.

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