El TC frena la desconexión exprés mientras los secesionistas registran su referéndum

El Constitucional suspende por unanimidad el nuevo reglamento del 'Parlament' y amenaza con la vía penal si se desoye su prohibición

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

Duelo judicial y político a dos frentes en el último día antes de las vacaciones de agosto a cuenta de los preparativos del referéndum de secesión que los independentistas catalanes pretenden celebrar el 1 de octubre. Sobre la bocina, Junts pel Sí y la CUP registraron, solo horas antes del cierre vacacional del Parlament, la ley para convocar, organizar y celebrar la consulta que el Gobierno considera ilegal. Eso en Barcelona, porque en Madrid también se apuraron los plazos hasta el límite antes del parón estival. Solo horas después de que la ley entrara en el legislativo catalán, el Tribunal Constitucional suspendió por unanimidad la reforma para la aprobación exprés de ese mismo plebiscito.

Las formaciones independentistas aprovecharon el último día hábil y presentaron la ley por el trámite de urgencia extraordinaria. El texto lleva la firma de todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP, excepto los cuatro que integran la mesa del Parlament, que debe admitir a trámite la proposición de ley a partir del 16 de agosto. Luego, los planes de ambas formaciones pasan por usar en el pleno previsto para el 6 de septiembre el reglamento que ayer fue suspendido cautelarmente por el Constitucional y que, según el acuerdo adoptado el pasado 26 de julio, faculta al legislativo autonómico a aprobar leyes por el mecanismo de lectura única. Una normativa redactada 'ad hoc' para acelerar la aprobación tanto de la ley del referéndum del 1 de octubre como las conocidas como leyes de «desconexión».

Y será entonces, en la reunión de la mesa de mediados de agosto y en el Pleno de septiembre, cuando se vea hasta dónde están dispuestos los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP a llegar con su órdago a la corte. La resolución del Constitucional da a entender que los magistrados consideran muy probable que los diputados autonómicos desoigan su prohibición ya en la mesa y por eso ya se cura en salud. El tribunal acuerda la «notificación personal» de la providencia que suspende el procedimiento exprés a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a ocho de los responsables de la cámara y de la mesa, entre ellos vicepresidentes, secretarios y el letrado mayor.

El Tribunal advierte a todos ellos del «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». En particular, les avisa de su deber de abstenerse de «iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña y, en general, de dictar acuerdo alguno que implique la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única». El Constitucional les apercibe de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de incumplir dicho requerimiento».

Publicación

Pero el Constitucional va más allá. Para evitar que futuros imputados puedan alegar el «desconocimiento» de su resolución, como ya han hecho otras veces, el tribunal ordena que la suspensión del polémico reglamento impugnado se publicada tanto el BOE como en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

No es ésta la primera vez que el Constitucional apercibe a los responsables de las instituciones catalanas. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investiga a Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS y Catalunya Sí que es Pot (CSQP) por desobediencia al tribunal de garantías.

La abogacía del Estado ya trabaja en sus escritos ante el Constitucional en el caso de que, efectivamente, la cámara catalana desoiga la suspensión. El Gobierno pediría entonces la aplicación directa de sanciones a los desobedientes, según fuentes del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo -de acuerdo con estas mismas fuentes- no va a dudar en pedir la aplicación de la reforma exprés aprobada en otoño 2015 por el Congreso con los únicos votos del PP para forzar a que fuera el propio tribunal el que se encargue de castigar (y con más dureza) a las instituciones o autoridades públicas que desobedezcan sus resoluciones. Una reforma que fue avalada por el propio Pleno del tribunal el pasado noviembre, tras los recursos de los gobiernos vasco y catalán.

De forma simultánea al registro de la ley del referéndum y la resolución del Constitucional, PP y Ciudadanos presentaron ayer ante la corte sus respectivos recursos de amparo contra el reglamento suspendido por el tribunal de garantías.

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