Las fiscalías alemana y española buscan vías para extraditar a Puigdemont

Sede del órgano de cooperación judicial europeo, Eurojust, en La Haya. :: Vincent van Zeijst/
Sede del órgano de cooperación judicial europeo, Eurojust, en La Haya. :: Vincent van Zeijst

La comisaria de Justicia avala la actuación del tribunal regional germano porque «ha actuado conforme a las reglas»

ADOLFO LORENTE

bruselas. Quizá la expresión resquicio legal nunca tuvo tanto significado como ahora. El tema se las trae y el sistema judicial español se juega demasiado como para no echar el resto buscando lo que para muchos, después del mazazo del 5 de abril, es casi un imposible: lograr que Carles Puigdemont sea extraditado a España para ser enjuiciado por el delito de rebelión. Para ello, fiscales españoles se reunirán en las próximas horas, quizá hoy, con sus colegas alemanes para buscar fórmulas que permitan volver a tomar la iniciativa después de que la Audiencia del land Schleswig-Holstein haya rechazado entregar al expresident por rebelión y mostrado, además, muchas dudas sobre una potencial extradición por el delito de prevaricación.

El encuentro, informal, se celebrará en La Haya, capital holandesa donde tiene su sede la oficina europea de cooperación judicial, Eurojust. En su día, representantes del Ministerio Público ya se reunieron con sus colegas belgas en este mismo emplazamiento para coordinar estrategias durante la tramitación de la primera euroorden emitida por la Audiencia Nacional, que finalmente fue retirada por el juez Pablo Llarena a la espera de tener más avanzada la instrucción del caso. No hay que olvidar que en este tipo de procedimientos los intereses del Estado miembro solicitante (en este caso España) están defendidos por la Fiscalía del país requerido (Alemania).

De hecho, el único consuelo que de momento deja el 'affaire Puigdemont' para los intereses del Supremo y del propio Gobierno es que el Ministerio Público germano avaló sin ambages la extradición de Puigdemont por todos los delitos requeridos. Fue el 3 de abril. La verdad es que nadie se sorprendió. Era la esperado. Alemania, la seriedad, el orden. Sin embargo, 48 horas después, todo el argumentario se vino abajo como un castillo de naipes con el dictamen de la Audiencia regional, que concluyó que la violencia esgrimida no tuvo la envergadura suficiente como para achacar a Puigdemont el delito de Alta Traición recogido en el Código Penal alemán.

En lugar de limitarse a cotejar la correlación de los delitos en ambos países, los jueces entraron en el fondo del asunto provocando el enfado de los diferentes estamentos judiciales españoles, que consideran que se ha vulnerado el espíritu y la letra del procedimiento que regula las euroórdenes. ¿Qué hacer? Eso es lo que analizarán fiscales españoles y alemanes, sabedores de que revertir la situación es muy complicado ya que la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein no es recurrible. Sin embargo, sí cabe la posibilidad de ampliar la euroorden al delito de sedición (más 'light' que el de rebelión) o intentar que el caso termine en el Tribunal de Justicia de la UE como una cuestión prejudicial realizada por la propia audiencia alemana, como ya anunció en su día el juez Llarena. Este último escenario paralizaría de facto el procedimiento de entrega a España.

La Comisión se moja

Mientras se busca ese resquicio legal que sirva para resarcir o al menos minimizar el golpe a España, ayer, desde Bruselas, no llegaron precisamente buenas noticias. Al término del Colegio de Comisarios, la titular de Justicia, Vera Jourova, cerró filas con la actuación de la justicia alemana.

«Tendría que mirar los detalles, pero creo que en este caso específico las autoridades alemanas han actuado de acuerdo con las reglas. Mis expertos no me han informado de ninguna mala aplicación», recalcó. Además, como ya hizo en septiembre, se mostró contraria a ampliar el listado de 32 delitos por los que la entrega de un imputado es casi automática. Entre ellos, están el de asesinato, pederastia o tráfico de drogas, no el de rebelión. Lo único potencialmente imputable en este caso es «corrupción», pero es muy difuso.

Desde la perspectiva de Bruselas, el caso catalán tiene dos vertientes diferenciadas. La primera, política, donde la Comisión y todos los Estados miembros ha defendido a España exigiendo que los responsables del 'procés' cumplan la Constitución. La segunda, de carácter legal, ha puesto en duda el propio funcionamiento de las euroórdenes. Aquí, Bruselas tiene una patata caliente entre las manos de enorme calado político, pero por lo visto hoy, parece no tener muchas ganas de meterse en líos.

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