La Fiscalía señala a los colegios que permitan a los escolares ausentarse

El coordinador de menores pide que se haga un seguimiento a los alumnos que no vayan a clase por manifestarse por el 1-O

M. B.

MADRID. La Fiscalía de Menores remitió ayer un oficio a las delegaciones provinciales de Cataluña para que adviertan a los colegios que permiten a sus alumnos saltarse las clases lectivas para participar en concentraciones de apoyo al referéndum del próximo domingo, suspendido por el Constitucional.

El oficio firmado por el fiscal de sala coordinador de menores, José Javier Huete, señala que los citados centros escolares, dependientes de la Consejería de Educación de la Generalitat, son responsables de la custodia de los menores por mucho que tengan autorización de sus padres para ausentarse del centro con el fin de acudir a manifestaciones de apoyo al 1-0.

El oficio pide a los fiscales jefes y fiscales de menores de Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona que hagan un seguimiento individualizado y un expediente de riesgo de cada uno de los escolares que se ausenten de centros educativos por este motivo. Asimismo, les emplaza a requerir a la Consejería de Educación para que recuerde a los colegios bajo su competencia que, aunque los menores tengan autorización de sus padres, y más aún si no la tienen, «la comunicación de su asistencia a manifestaciones no exime a los centros de sus obligaciones de custodia».

Responsabilidad civil

Añade el oficio que tampoco esa comunicación exime a los padres o tutores ni a los centros de la responsabilidad civil por los daños materiales o personales que puedan causar los menores o que puedan causarse a sí mismos durante su participación en esas concentraciones o manifestaciones.

Ayer mismo, la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) pidió a la Fiscalía de Menores que «recabe información e intervenga si es necesario» para salvaguardar los derechos de los escolares ante la supuesta organización de actos de apoyo al 1-O. En un comunicado, la USIE, que expresó su apoyo a inspectores de educación, directores, docentes y personal de administración, destacó que «ante las noticias difundidas en los medios de comunicación (...) es necesario salvaguardar los superiores derechos e intereses de los menores de acuerdo con la Ley de Protección de la infancia y la adolescencia».

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